La Sala de lo Constitucional de Honduras tendrá que decidir sobre la sentencia que obliga al Estado a pagar 2,600 millones de lempiras (unos $105 millones) de la caja única del Tesoro a la empresa estadounidense DRC Inc., del norteamericano Murray P. Farmer, tras un pleito legal que se remonta a 1998.
Y mientras los magistrados analizan si anulan o avalan la decisión de un tribunal inferior, el empresario que recibiría el pago hizo circular un video en el que advierte que continuará con las acciones legales.
“Yo vine a Honduras, hice las obras para la gente más damnificada… y no me pagaron. Y después de 20 años por fin gana mi justicia y que alguien salga al pueblo hondureño y diga que soy un corrupto, eso no me gustó, yo soy la persona que hizo las obras y entregó las obras”, dice Murray en el video.
En un comunicado, el gobierno anunció que no honrará la deuda ya que la considera una “demanda espuria”, en la que habría colusión con el Poder Judicial.
Según el Ejecutivo, esta acción legal fue rechazada por un tribunal federal de Washington.
Murray dijo que en varias ocasiones buscó conversaciones de conciliación con la Procuraduría General de la República, pero nunca se llevaron a cabo.
Agregó que en diversas ocasiones solicitó conversaciones conciliatorias con la Procuraduría General de la República (PGR), pero las mismas no se produjeron.
“Nunca me dio la cara la PGR, le pedí que nos sentemos y habláramos, lo mismo pasó con la presidenta Xiomara Castro, por eso le pido que cumpla con las leyes. Me quedé sorprendido que saliera una representante del gobierno y que informara que no me pagarán nada”, dijo el empresario.
“Aquí no termina esto, ya tengo 20 años de estar peleando y no me voy a rendir. Me voy a ir a mi país y voy a hablar con los jueces, les diré que Honduras no respeta sus jueces y que el juez de mi país me dé los derechos”, dijo.
En 1998, DRC Inc.ganó un contrato por $19 millones de reconstrucción tras el paso del huracán Mitch, pero el Estado no pagó una última obra porque la compañía extranjera subcontrató a una firma hondureña y hubo un alegato legal que esto era prohibido.
