Empresario cuestiona escándalo Koriun en Honduras: “¿Quién está detrás y por qué pagarlo con fondos públicos?”

La captación ilegal de fondos de Koriun Inversiones, una estafa piramidal, ha desatado protestas de calle de los afectados, golpes de pecho de políticos y fuertes cuestionamientos a los controles sobre instituciones financieras.

Protesta de afectados por caso Koriun Inversiones, Honduras.

En medio de protestas ciudadanas por la millonaria estafa financiera de Koriun Inversiones, el empresario y exdirigente gremial Eduardo Facussé lanzó este jueves cuestionamientos al manejo institucional del caso y a la reciente decisión del Gobierno de Honduras de usar fondos públicos para compensar a los afectados.

“¿Por qué no se revisó antes? ¿Quién está detrás? ¿Hay faltante o no?”, escribió Facussé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en sus redes sociales, sumándose así al creciente debate público sobre la legalidad y legitimidad de que el Estado asuma responsabilidades en un fraude cometido por una entidad no regulada.

Críticas desde el ámbito económico

Las declaraciones de Facussé se dan luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, confirmara que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro se utilizarán recursos del Estado para resarcir a los ciudadanos que perdieron su dinero en Koriun Inversiones, empresa que operaba sin supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Economistas como Julio Raudales, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), han calificado esta medida como ilegal e inconstitucional.

“El Gobierno no puede hacerse cargo de resarcir a víctimas de estafa con fondos provenientes de los impuestos. Si hay alguna ley que lo permita, habría que conocerla”, advirtió Raudales, quien también cuestionó el mensaje que se envía a la ciudadanía: “Estaríamos diciéndole a la gente que no importa si la estafan, porque ‘papá Estado’ va a cubrir las pérdidas”.

Responsabilidad institucional en duda

Otros analistas, como Olban Valladares, han cuestionado el perfil de los supuestos afectados. 

“Dicen que harán esto por los pobres, pero, ¿de verdad un pobre invierte un millón de lempiras (poco más de $38,000)? ¿A quién están protegiendo?”, dijo.

En la misma línea, Claudio Salgado, asesor económico del Congreso, explicó que el Estado no tiene ninguna responsabilidad legal en el caso, salvo que se emita un decreto especial. 

“La ley establece que el Gobierno no puede hacerle frente a deudas privadas, a menos que el Congreso lo autorice y especifique el origen de los recursos”, afirmó.

También aclaró que la CNBS no tiene responsabilidad directa, ya que su función se limita a supervisar instituciones legalmente registradas, condición que no cumplía Koriun Inversiones.

Mientras se debate el uso de fondos estatales, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmó la captura de Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, pareja de Iván Abad Velásquez Castro, gerente de Koriun Inversiones, por el delito de lavado de activos. Velásquez, señalado como principal responsable del esquema, sigue prófugo.

El fondo del debate: transparencia y justicia

En un contexto de creciente tensión social por la pérdida de ahorros de cientos de hondureños, Facussé advirtió que la intención del Gobierno de usar dinero del erario para cubrir el fraude “es una irresponsabilidad para cubrir otra irresponsabilidad”.

Las interrogantes lanzadas por el empresario apuntan a la falta de transparencia institucional previa al estallido del caso: quiénes permitieron que la operación irregular de Koriun continuara, quiénes están detrás de la empresa y por qué las autoridades no actuaron antes.

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