Panamá enfrenta una escalada en el conflicto con la compañía china Panama Ports Company (PPC), luego de que ampliara sus demandas en arbitraje internacional. La empresa reclama más de $2,000 millones tras la anulación de sus concesiones portuarias.
La acción se dirige contra el Estado panameño ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El caso se ha convertido en uno de los más relevantes en materia de inversión extranjera en la región.
Corte Suprema declaró inconstitucional concesión portuaria
El conflicto se originó tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que entró en vigencia el 29 de enero de 2026. La resolución declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a PPC.
El tribunal concluyó que el acuerdo afectaba el interés público. Además, señaló beneficios desproporcionados para la empresa y pérdidas millonarias para el Estado.
La compañía china operó durante casi 30 años los puertos de Balboa y Cristóbal. Ambos son puntos estratégicos en el comercio marítimo internacional.
Estado toma control de puertos y reasigna operaciones
Posteriormente, el 23 de febrero de 2026, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de las terminales.
El Gobierno sostuvo que la medida responde al fallo judicial. También reiteró que no se trata de una expropiación.
Luego, Panamá entregó la operación temporal a nuevos operadores. Entre ellos figuran APM Terminals y Terminal Investment Limited.
El período de administración provisional será de 18 meses.
Compañía china intensifica reclamos en arbitraje internacional
En este contexto, PPC, filial del conglomerado CK Hutchison de Hong Kong, amplió sus reclamaciones el 24 de marzo de 2026.
La empresa acusa al Estado de ejecutar acciones “extremas”. Entre ellas menciona ocupación de instalaciones, incautación de documentos y restricciones de acceso.
Además, sostiene que Panamá ha desarrollado una “campaña” contra la compañía durante más de un año.
La firma también sostiene que el país no ha presentado respuesta inicial en el proceso arbitral. Según PPC, esto podría retrasar el avance del caso.
Gobierno de Panamá rechaza acusaciones y defiende soberanía
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino ha rechazado los señalamientos.
El mandatario aseguró que el Estado atiende el arbitraje internacional. También confirmó la contratación de firmas legales para la defensa.
Mulino ha señalado irregularidades en la ejecución del contrato durante décadas. Además, anunció la publicación de informes sobre el impacto de la concesión.
El Gobierno sostiene que la decisión responde a la defensa del interés nacional. Asimismo, enfatiza la independencia del sistema judicial.
Tensión con China
El caso ha generado tensiones con actores vinculados a China. También ha abierto un debate sobre el clima de inversión extranjera en Panamá.
PPC advierte sobre posibles efectos en la confianza internacional. Sin embargo, el Gobierno insiste en que el proceso respeta la legalidad.
Los puertos, según el gobierno panameño, están operando con normalidad tras la concesión temporal a 2 firmas extranjeras.