La justicia guatemalteca ordenó el embargo del salario del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, como parte del proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades en la compra de medicamentos gestionados por una agencia de Naciones Unidas dedicada a proyectos y adquisiciones internacionales.
El juez Guillermo Luna, del Juzgado Noveno Penal, autorizó el embargo del 35% del salario de Barnoya tras una audiencia realizada a puerta cerrada. La medida fue solicitada por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, para evitar que el funcionario autorice nuevos pagos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), encargada de la compra de medicinas para el sistema público.
Curruchiche advirtió que, de realizarse algún desembolso mientras esté vigente la medida, el ministro deberá asumir responsabilidades penales. Según el fiscal, el Ministerio de Salud habría perdido interés en continuar con el convenio con la agencia de la ONU, argumentando que los medicamentos eran de mala calidad y provenían de India.
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— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 29, 2025
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) celebró audiencia ante el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, que ejerce el control jurisdiccional del Caso… pic.twitter.com/x76VPvtICR
Sin embargo, la FECI sostiene que las compras internacionales gestionadas por la ONU representaron ahorros de entre el 5% y el 80% en varios fármacos. Además, confirmó que se interceptaron comunicaciones de 20 personas y que al menos 10 más están bajo investigación.
El Ministerio Público rechazó las acusaciones del gobierno central, que advirtió en redes sociales que la suspensión de pagos podría provocar desabastecimiento de medicinas.
Curruchiche calificó esa versión como una “falsa narrativa” y negó que la FECI sea responsable de una eventual crisis hospitalaria.
El fiscal recordó que existen mecanismos alternativos para comprar medicinas a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca). Según datos del Ministerio Público, solo el 8% de las adquisiciones del sistema público de salud se realizan mediante la agencia de la ONU, por lo que el abastecimiento debe mantenerse sin afectar a los pacientes.