El salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue expulsado en marzo debido a un “error” de la administración de Donald Trump y luego retornado a Estados Unidos por orden judicial, pidió este viernes 28 de junio a una jueza que se le mantenga detenido en una cárcel de Tennessee para evitar ser deportado a un tercer país.
Sus abogados pidieron a la jueza Barbara Holmes que retrase la liberación previamente ordenada, ante el temor de que el Departamento de Justicia (DOJ) intente entregarlo al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para que sea deportado a un país diferente a El Salvador, su lugar de origen.
La jueza Holmes había dispuesto su excarcelación mientras avanza el proceso penal por presunto tráfico de migrantes. Ábrego volvió a territorio estadounidense el 6 de junio, 4 semanas antes, para enfrentar estos cargos, y permanece desde entonces en una cárcel de Tennessee.
La defensa propuso posponer la liberación hasta el próximo 16 de julio, cuando se celebrará una audiencia sobre su posible deportación.
“Un pequeño retraso impediría que el Gobierno remueva al Sr. Ábrego y daría tiempo para aclarar sus planes”, argumentaron sus representantes legales.
Los defensores también cuestionaron que fiscales del DOJ hayan manifestado, ante la jueza Paula Xinis, que el gobierno federal pretende deportar a Ábrego a un tercer país sin precisar cuándo ni adónde.
El caso ha cobrado relevancia nacional por haberse convertido en símbolo de la política de deportaciones rápidas impulsada por Trump y por los choques entre el poder judicial y el Ejecutivo.
El propio Ábrego García fue deportado en marzo junto a otros 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, pese a contar con una orden judicial que lo protegía de ser expulsado. El salvadoreño fue recluido en la prisión de máxima seguridad conocida como la megacércel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Los cargos federales en su contra surgen de un encuentro con la policía en Tennessee en 2022, cuando fue interceptado viajando con presuntos migrantes irregulares.
Mientras tanto, sus abogados insisten en que el verdadero interés del Gobierno estadounidense no es juzgarlo, sino desacreditarlo públicamente. “La administración lo ha traído de vuelta solo para condenarlo en la corte de la opinión pública”, denunciaron este viernes.
