Las autoridades de El Salvador mantienen una permanente operación para desmantelar el remanente de maras y pandillas, compuesto por aproximadamente 8,000 miembros.
Esta ofensiva se desarrolla en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, el cual suspende ciertos derechos constitucionales.
A la espera de una decisión del presidente Nayib Bukele y su gabinete sobre la posible relajación de estas medidas extraordinarias, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que el compromiso del gobierno se mantiene con la persecución de los pandilleros.
Villatoro aseguró, según la agencia EFE, que la lucha contra las pandillas está cerca de alcanzar una “victoria” por parte del Estado, aunque reconoció que todavía existen remanentes de los grupos criminales.
“Ese Estado criminal paralelo al que nos enfrentamos está completamente destruido. Obviamente hay remanentes”, indicó el ministro, resaltando que las fuerzas de seguridad tienen bajo control los perfiles de más de 8,000 individuos, quienes están siendo sistemáticamente sometidos a la justicia.
Nuestras fuerzas especiales también se suman a las labores de seguridad pública en cuadrantes y sectores prioritarios. Hemos sacado de la sociedad a este asesino serial, quien intentaba huir de nuestra guerra frontal contra el terrorismo.
Gracias al sistema ONI, nuestra @PNCSV… pic.twitter.com/H2SWGnsFAS
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) December 3, 2024
El ministro detalló que se están llevando a cabo operativos a nivel nacional, coordinando esfuerzos con países vecinos para la captura de estos objetivos.
“Es una guerra de resistencia. No se pueden borrar 20 años de violencia en 3 años”, añadió Villatoro, quien también subrayó que el gobierno está evaluando la posibilidad de relajar ciertas restricciones del régimen de excepción. La decisión final sobre este asunto dependerá de una reunión pendiente entre el presidente Bukele y su gabinete de seguridad.
Por su parte, Bukele expresó el domingo pasado que no se requieren medidas más drásticas.
“Probablemente pronto podamos relajar medidas”, sugiriendo que el fin de la dureza del régimen podría estar cerca.
A pesar de este posible ajuste, el gobierno ha insistido en que se mantendrán las herramientas esenciales para garantizar la seguridad, especialmente en lo que respecta a la Fiscalía General de la República (FGR) y las fuerzas de seguridad.
Desde la implementación del régimen de excepción, más de 86,000 personas han sido detenidas, aunque solo 8,000 permanecen en libertad condicional.
Esta medida fue adoptada tras el asesinato de más de 80 personas en un solo fin de semana a finales de marzo de 2022.
A raíz de la aprobación del régimen de excepción, Bukele logró su reelección inmediata.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de controversia. Organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Además, se reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia.