El Salvador ha sumado un nuevo reconocimiento internacional para reforzar la transparencia en la gestión pública: varias instituciones estatales han obtenido la certificación ISO 37001, un estándar global que establece sistemas de gestión antisoborno y controles anticorrupción, marcando un avance en la lucha contra prácticas ilícitas y aportando credibilidad en el ámbito regional e internacional.
El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) se convirtió esta semana en una de las últimas entidades estatales en recibir la certificación ISO 37001, consolidándose como parte de una red de instituciones públicas que adoptan normas internacionales para prevenir el soborno y fortalecer la gobernanza.
La norma ISO 37001 —reconocida globalmente como referencia en sistemas de gestión antisoborno— obliga a instituciones a establecer códigos de conducta claros, mecanismos de denuncia confidenciales y auditorías externas periódicas, con el objetivo de mitigar riesgos de corrupción en procesos administrativos clave.
Además del INDES, otras instituciones salvadoreñas certificadas incluyen el Ministerio de Salud (MINSAL), la Alcaldía de San Salvador Centro, el Centro Nacional de Registros (CNR), la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), consolidando una tendencia hacia la adopción de medidas de integridad.
Expertos en transparencia explican que este tipo de certificaciones no solo eleva los estándares internos, sino que también mejora la percepción de El Salvador ante organizaciones internacionales y posibles aliados en cooperación y comercio. Esto cobra relevancia en un contexto donde la lucha contra la corrupción es un eje clave para la estabilidad política y económica de la región.
La adopción de ISO 37001 coincide con evaluaciones previas que señalan desafíos en la percepción de corrupción en El Salvador: el país figura en puestos rezagados en índices globales de percepción de transparencia, lo que subraya la importancia de medidas concretas para recuperar la confianza ciudadana y atraer inversión.
Organismos internacionales y redes de cooperación regional han destacado la necesidad de reforzar sistemas de integridad pública, como los promovidos por la Convención Antisoborno de la OCDE, un tratado que exige establecer marcos legales robustos contra prácticas corruptas en transacciones públicas y privadas.
El avance de El Salvador en certificaciones internacionales anticorrupción se presenta como un ejemplo para otros países centroamericanos, donde reformas institucionales y reconocimientos globales pueden ser herramientas clave para enfrentar problemas estructurales vinculados al soborno y la falta de transparencia.
