El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Heinrich Böll presentaron por tercer año consecutivo el Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica, que revela graves dificultades de la prensa regional para informar.
Este reporte, basado en el análisis de coyuntura entre octubre de 2023 y octubre de 2024, confirma lo que ya se advertía en años anteriores: ejercer el periodismo en la región no sólo es cada vez más difícil, sino también más peligroso.
El informe analiza los contextos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y retrata un panorama regional alarmante, donde los principales agresores de la libertad de prensa no son grupos criminales externos, sino los propios Estados y sus autoridades. En lugar de garantizar derechos, son los actores públicos quienes estigmatizan, persiguen y censuran a quienes ejercen la labor informativa, provocando una clara regresión democrática.
Un periodismo cada vez más asfixiado
Durante el periodo analizado, la región vivió una consolidación preocupante de discursos estigmatizantes contra periodistas y medios, impulsados desde las más altas esferas del poder. Esta narrativa se ha extendido a través de simpatizantes partidarios, generando un “efecto cascada” de amenazas e intimidación.
Los datos recabados en encuestas y entrevistas a comunicadores confirman que los principales riesgos para el ejercicio periodístico surgen del ejercicio autoritario del poder, un entorno de inseguridad y un contexto social marcado por la violencia digital y la desinformación. En 2024, la organización Reporteros sin Fronteras también reportó un deterioro acelerado en las condiciones para la libertad de prensa en América Latina, especialmente por las campañas de difamación, la criminalización y la violencia física contra periodistas.
Nicaragua: represión total y control absoluto
En ningún otro país de la región es tan evidente la política de represión como en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa operando como una dictadura que ha convertido el ejercicio periodístico en un delito. Desde 2018, más de 280 periodistas se han exiliado para evitar persecución o cárcel, y al menos 54 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados.
El caso del comunicador Víctor Ticay, arrestado por transmitir una actividad religiosa y luego condenado por “propagación de noticias falsas” y “traición a la patria”, ilustra los niveles de asfixia que se viven en ese país. Su reciente liberación y destierro, tras 18 meses encarcelado, revela una estrategia de silenciamiento sistemático.
En 2024, Ortega y Murillo llevaron a cabo una reforma constitucional sin precedentes que oficializa la “copresidencia”, legaliza la represión y concentra el poder total sobre el Estado, eliminando incluso la prohibición de la tortura. El periodismo crítico ha sido, literalmente, erradicado.
El Salvador: poder absoluto y periodismo en alerta
En El Salvador, el segundo mandato de Nayib Bukele, respaldado por una super mayoría legislativa, comenzó bajo un régimen de excepción que ya acumula más de 3 años vigente. Aunque se han reducido los niveles de criminalidad, los costos en derechos humanos han sido altísimos: detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia han sido denunciadas por múltiples organismos.
@RSF_esp , @FLIP_org , @asopodehu , @PrensaComunitar @SinCadenasECU @PeriodistasNica
— APES (@apeselsalvador) April 2, 2025
En este contexto, la libertad de prensa se ha erosionado severamente. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), existe un entorno de intimidación y autocensura, en el que el acceso a la información pública está cada vez más restringido. A esto se suman campañas digitales de desprestigio contra periodistas críticos, muchas veces promovidas desde cuentas afines al oficialismo.
Guatemala: persecución judicial como herramienta de silenciamiento
En Guatemala, el ascenso al poder de Bernardo Arévalo estuvo rodeado de intentos por impedir su investidura por parte del llamado “Pacto de Corruptos”, una alianza informal de sectores políticos, económicos y judiciales que controla instituciones clave como el Ministerio Público.
✍️Los ataques e intimidaciones en contra de las y los periodistas siguen imparables.
Continúa el acoso y las campañas de desprestigio. El #MinisterioPúblico se ha convertido en un “estado paralelo” y el Derecho Penal en una herramienta de persecución y castigo.
Mi columna👇 pic.twitter.com/ThtWC7F68i— Marielos Monzón (@MarielosMonzon) April 13, 2025
Durante el periodo analizado, estas estructuras arremetieron contra periodistas, especialmente aquellos que investigan corrupción. El caso más emblemático sigue siendo el de José Rubén Zamora, detenido durante más de 800 días bajo cargos fabricados. Aunque obtuvo libertad condicional en octubre de 2024, nuevas investigaciones contra comunicadores han surgido, provocando desplazamientos forzados y exilio.
Honduras: impunidad y violencia, la norma
En Honduras, la violencia contra periodistas no solo persiste, sino que goza de impunidad casi total. Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), el 88% de los crímenes contra comunicadores no han sido resueltos. A esto se suma una legislación débil, falta de políticas de protección y un ambiente hostil para quienes se dedican a informar.
El informe de C-Libre habla de una “violencia letal” contra la prensa, acompañada de amenazas digitales y físicas. El resultado es una sociedad desinformada y una prensa debilitada.
Costa Rica: ataques desde la Presidencia
Aunque Costa Rica mantiene su sistema democrático y cierta institucionalidad, el panorama también se ha deteriorado. El presidente Rodrigo Chaves ha mantenido un discurso abiertamente hostil hacia la prensa. Solo entre mayo de 2022 y enero de 2024, dirigió 287 ataques verbales contra periodistas en conferencias oficiales.
Lo más alarmante es que ha ampliado sus ataques a otras instituciones del sistema democrático, como la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y las universidades públicas. Según el Informe del Estado de la Nación, esta confrontación ha generado un clima de “fuego cruzado” que ha paralizado la acción del Estado.
Además, se ha documentado una creciente violencia digital que incluye acoso personalizado, uso de imágenes, datos personales y amenazas directas contra comunicadores y sus familias.
Una región en retroceso democrático
El informe presentado por PROLEDI y la Fundación Böll no deja lugar a dudas: la libertad de expresión está en retroceso en toda Centroamérica. Las voces críticas están siendo acalladas no solo por la represión directa, sino también por discursos que estigmatizan, campañas de desinformación, violencia digital, y un sistema judicial utilizado como arma de persecución.
Según Giselle Boza Solano, coordinadora del PROLEDI, este tercer informe busca no solo documentar la crisis, sino contribuir al debate democrático y promover acciones urgentes para recuperar la libertad de prensa. Porque, como advierte con contundencia: “No hay democracia viable sin libertad de expresión”.
El periodismo regional está bajo ataque, y su defensa debe ser prioritaria si se pretende proteger el derecho de toda la ciudadanía a estar informada y participar de manera crítica en la vida pública.
