El exmagistrado y exministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa, acusado de tráfico internacional de drogas, se despidió de su hijo menor de edad en los tribunales de San José, en un encuentro autorizado por el Tribunal de Apelación Penal antes de su inminente extradición a Estados Unidos.
La reunión se realizó durante una hora en instalaciones judiciales, según confirmó el fiscal general de la República, Carlo Díaz, quien indicó que el encuentro formó parte de las disposiciones humanitarias permitidas mientras se completan los trámites finales del proceso de extradición.
Díaz explicó que la entrega del exfuncionario depende ahora de gestiones administrativas y de la coordinación con las autoridades estadounidenses, a las que corresponde presentar garantías formales sobre las condiciones de la eventual condena.
Extradición en fase final
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José avaló la extradición de Gamboa, pero estableció que esta no será inmediata y quedará sujeta al cumplimiento de requisitos legales y plazos definidos.
Entre las condiciones, Estados Unidos deberá comprometerse a no imponer cadena perpetua ni una pena superior a 50 años de prisión, que es el máximo permitido por la legislación costarricense, además de reconocer el tiempo que el acusado ha permanecido detenido en el país.
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El fiscal general señaló que, en el caso de Gamboa, ya se aplicaron criterios de oportunidad en causas locales que impedían su traslado inmediato, lo que facilita avanzar en el proceso.
Coordinación y plazos
Según el Ministerio Público, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) participará en la coordinación del traslado aéreo, mientras que la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Poder Judicial deberá completar los procedimientos administrativos.
El tribunal también estableció que la extradición solo podrá ejecutarse una vez concluyan de forma definitiva los procesos penales pendientes en Costa Rica o, en caso de condena, cuando se haya cumplido la pena correspondiente.
Las autoridades costarricenses estiman que, una vez cumplidos los requisitos formales y recibidas las garantías del Estado requirente, el traslado podría concretarse en un plazo relativamente corto, aunque sin una fecha definida.