El Tribunal de Apelación de Goicoechea avaló la extradición de los costarricenses Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Corte Suprema, y Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, hacia Estados Unidos, donde enfrentan acusaciones por narcotráfico internacional.
Ambos apelaron la sentencia de octubre de 2025 que autorizaba su entrega, pero los jueces desestimaron sus argumentos. Gamboa y López intentaron frenar el proceso señalando supuestas violaciones al debido proceso y al marco constitucional previo a la reforma, sin éxito.
Uno de los puntos más discutidos fue si la extradición aplicaba para hechos ocurridos antes del 28 de mayo de 2025, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional que permite la entrega de nacionales por delitos como narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
El tribunal resolvió que, al abarcar las conductas también después de esa fecha, la extradición sigue siendo válida. En el caso de López, se comprobó que al menos uno de los delitos ocurrió posterior a la reforma. En cambio, para Jonathan Álvarez, otro implicado en narcotráfico, la extradición no procede por tratarse de hechos anteriores al cambio legal.
Exmagistrado sin cadena perpetua
La defensa de Gamboa también cuestionó la legalidad del decomiso de su teléfono móvil al momento del arresto, pero los jueces descartaron que esto afecte el proceso de extradición. Será el sistema judicial estadounidense quien valore el uso de dicha prueba.
Costa Rica exigió a Estados Unidos una promesa formal de que ninguno de los acusados recibirá penas superiores a 50 años, el máximo permitido en la legislación costarricense. Además, el tiempo que ambos han permanecido detenidos deberá descontarse de cualquier eventual condena.
Si EE.UU. no entrega estas garantías en un plazo de dos meses, prorrogables, la extradición quedará anulada y Costa Rica tendrá que juzgar a los implicados con sus propias leyes.
Reforma constitucional histórica
La extradición de nacionales fue posible gracias a la reforma del artículo 32 de la Constitución, aprobada en agosto de 2024 y vigente desde mayo de 2025. Antes de ese cambio, Costa Rica prohibía la entrega de costarricenses bajo cualquier circunstancia.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, destacó que este es un paso sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado: “Hoy se materializa la primera extradición de nacionales para enfrentar la justicia en el extranjero. Este gobierno, como ningún otro, combate el narcotráfico con leyes de cooperación internacional”.