Los territorios indígenas ubicados en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, siguen experimentando grandes desafíos en torno a la invasión de colonos que causan terror, muerte y desalojo con la finalidad de explotar los recursos naturales existentes en esta zona custodiada por los pueblos originarios, y que, a pesar de estar legalmente demarcados por la Ley 445, el Estado sigue sin prestarle atención y los invasores cometen crímenes ante los ojos de la dictadura que ignora lo que sucede.
El pasado 12 de septiembre, los Mayangnas fueron víctimas una vez más de los colonos, en el territorio Mayangna Sauni Bu, en la comunidad de San Andrés de Bocay, en el municipio de Wiwilí, en el departamento de Jinotega, al norte de Nicaragua y fronteriza con la Costa Caribe Norte, donde ses colonos ingresaron armados a tomarse las propiedades, pero al encontrarse con los comunitarios, quienes pusieron resistencia, atacaron con sus armas de fuego, en el que pereció el líder indígena Clen Dixon Fernández de 36 años.
El acto violento y mortal, fue denunciado el día de ayer por la Organización INANA-AIP-Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, quienes demandan una vez más al Estado nicaragüense, establecer mecanismos para desarticular las bandas criminales que andan por sus territorios con armas de fuego, causando terror, despojo y desalojo y piden que se realice el saneamiento de sus territorios, una demanda histórica que nunca ha sido atendida.
La organización dio a conocer que el suceso se dio cuando el joven caminaba junto a tres comunitarios, quienes se dirigían a las parcelas agrícolas ubicadas en la comunidad Kipih, territorio Mayangna Suna Bu. En eso fueron interceptados por los colonos, cuando entonces, empezaron a disparar, a pesar de ello, tres lograron escaparse, pero Dixon recibió impactos de bala en el abdomen y el brazo derecho.
Tras el hecho, los comunitarios alertados por los sobrevivientes regresaron al lugar para rescatar el cuerpo para luego, disponerse a cargar al comunitario hasta la unidad de salud más cercana, es decir, al hospital primario de San Andrés de Bocay, que para poder llegar hasta el lugar, tuvieron que cargar al herido en hamaca toda la noche en medio del bosque y tierras escarpadas. Pero el joven falleció en el camino.
“Clen Dixon Fernández era miembro activo del movimiento juvenil deportivo y miembro del Movimiento de Jóvenes Indígenas del Territorio Mayagna Sauni Bu”, dicta el comunicado.
El pueblo indígena Mayangna tiene reconocido más 8.300 kilómetros cuadrados, administrativamente conglomerados en nueve unidades territoriales ubicadas en tres regiones de Nicaragua: Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur y Zona Régimen Especial. La población supera los 4.000 habitantes.
Hace algunos días se reportó otro asesinato, esta vez en el territorio Mayagna Sauni Bu. Aquí el comunicado de las comunidades. #SOSNicaragua #SOSMayangna pic.twitter.com/3cuK05IYJ5
— Amaru Ruiz 🐦 (@AmaruRuiz) September 15, 2023
Deuda histórica y problemas estructurales
Otra de las grandes problemáticas que viven las comunidades indígenas es el del acceso a la salud, quienes en sus territorios no cuentan con puestos sanitarios que puedan atender este tipo de emergencias, una de las grandes deudas del Estado nicaragüense, que también presenta los más altos déficit educativos en estas comunidades a falta de docentes y de infraestructuras para facilitar clases. Así lo han denunciado históricamente los indígenas, quienes son educados con base al idioma español, a pesar que estos, según la constitución nicaragüense y la Ley 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, deben de ser educados con base a sus costumbres y cosmovisiones lingüísticas, es decir, bajo la implementación de una Educación Intercultural, tal y como lo reconoce la Ley 582 Ley General de Educación del país centroamericano.
Sus territorios están demarcados por la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, pero no están jurídicamente demarcados, lo cual, les vuelve vulnerables y mientras no haya un saneamiento, seguirá siendo una tarea pendiente del Estado de Nicaragua.
Los pueblos indígenas han denunciado históricamente el problema que viven y que enfrentan sus comunidades ante los colonos, pero también han denunciado las acciones que realiza la dictadura y que pasa por encima de los instrumentos legales y los tratados internacionales, porque controla dichas comunidades a las cuales les impone gobiernos territoriales paralelos a los electos por los miembros de la comunidad, con la finalidad de tener el control total y mantener sometido a los indígenas.
A pesar que el régimen en su discurso habla de proteger la Madre Tierra, es uno de los principales saqueadores de estos territorios, que a través de sus operadores políticos negocian estas tierras, las cuales no se pueden comercializar, además de entregar concesiones mineras y de explotación de madera a través del brazo político en los gobiernos autónomos, como el caso del coordinador de Gobierno de la Costa Caribe Norte, Carlos Alemán, que sigue las instrucciones y orientaciones de la dictadura, sin importar la vulneración de los derechos humanos de esas comunidades.
A eso se suma la corrupción del sistema y de abogados que se prestan a realizar escrituras o títulos falsos a favor de agentes externos de las comunidades, cuando estos, no pueden ser vendidos ni transferidos según la Ley 698 Ley de los registros públicos. Hace menos de 10 años, hubo denuncias en contra de este tipo de funcionamiento por parte de letrados y miembros del sistema judicial, y terminaron siendo despedidos y encarcelados. En el año 2013, la Corte Suprema de Justicia ordenó la destitución de notarios y un registrador público en la sede regional del caribe norte, por la entrega de títulos falsos, así lo dio a conocer el Diario La Prensa en el año 2015.
A este tipo de acontecimientos se suman que, los indígenas de igual manera son presionados y engañados por personas inescrupulosas para que estos cedan o vendan tierras comunales, particularmente debido a la nula cultura escrituraria de las comunidades indígenas y del sistema jurídico nicaragüense que se basa en el poder de la letra, es decir, lo contrario a las costumbres y mecanismos que emplean las comunidades autóctonas. A todo esto, se prestan abogados a pesar que son mecanismos ilícitos, así lo dio a conocer en su momento la Dra. María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), quien ha acompañado a los pueblos indígenas en sus demandas y ha llevado casos hasta los tribunales internacionales.
Saqueo de madera
Uno de los casos más emblemático en Nicaragua, es el de la comunidad Mayangna Awas Tingni, cuando el gobierno de Nicaragua entregó una concesión para saquear la madera sin el consentimiento previo libre e informado de la comunidad. En este sentido, el 31 de agosto del año 20021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), falló a favor del pueblo indígena siendo un caso emblemático y de referencia para todo el continente. La instancia de Derechos Humanos, dijo que el Estado nicaragüense vulneró los derechos de la comunidad y sus miembros al otorgar la concesión maderera y demandó reparar los daños ocasionados y una indemnización económica para la comunidad indígena.
A pesar de ello, la violencia en las comunidades no para y la lista de fallecidos cada vez crece, a pesar que el Ejército de Nicaragua, tiene presencia en esos territorios con el llamado Batallón Ecológico (BECO), no presta atención a esa realidad, y aduce que es un problema que los comuntarios deben de arreglar entre ellos, así lo dio a conocer hace varios años el jefe del Ejército cuando los periodistas cuestionaron su falta de atención al problema.
Por otra parte, la Policía Sandinista, realiza investigaciones alrededor de los acontecimientos violentos ocasionados por los colonos, pero termina apresando a los líderes comunitarios, los cuales, luego son condenados por el sistema judicial, como el último caso, que terminaron encarcelando a tres líderes de la comunidad indígena Mayangna y que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha dictado medidas preventivas para ellos, lo cual ha sido ignorado. Las instancias de Derechos Humanos, en reiteradas ocasiones han hecho llamados al Estado de Nicaragua para que atienda la grave situación que viven los indígenas, pero la dictadura lo ignora.
Desde el año 2005, se han reportado más de 70 indígenas asesinados en manos de los colonos, según datos de los líderes indígenas que llevan el recuento y datos de la Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN). En estos números están los siete indígenas asesinados en la comunidad de Wilú, en el territorio indígena Mayangna Sauni As, en el municipio de Bonanza, Caribe Norte, donde se encuentra una gran cantidad de comunitarios de esta etnia.
