El informe “Drugs, Guns and Cash: A Strategic Threat to the Americas”, elaborado por el sector privado guatemalteco, describe una región atrapada en un ciclo donde narcotráfico, armas y migración ilegal se retroalimentan y debilitan las instituciones.
El documento señala que en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, los grupos criminales manejan hasta el 74% de las economías ilícitas regionales, aprovechando las rutas migratorias para traficar personas, drogas y dinero.
El estudio advierte que Centroamérica ya no es solo un corredor de paso: es un espacio disputado por redes transnacionales que imponen su propio sistema de “gobernanza paralela”, con leyes, cobros y castigos propios.
En los últimos años, el auge del uso de criptomonedas, el tráfico de armas de origen estadounidense y la debilidad judicial han permitido que los carteles diversifiquen sus negocios, infiltrando estructuras políticas y judiciales.
La investigación subraya que el tráfico de personas ha evolucionado en manos de organizaciones criminales que cobran “cuotas de tránsito” y usan a los migrantes para ocultar contrabando o transportar drogas.
De acuerdo con el informe, la migración irregular genera miles de millones de dólares al año para las redes delictivas, convirtiéndose en una de las principales fuentes de financiamiento de las pandillas y carteles regionales.
Guatemala aparece en el centro de esta red: su posición geográfica, su sistema financiero y sus fronteras extensas la convierten en un punto crítico para el tráfico de drogas, armas y migrantes.
El informe también alerta que la región se enfrenta a un enemigo más sofisticado y tecnológico que nunca, capaz de usar inteligencia artificial, criptodatos y drones para evadir la vigilancia estatal.
Las cifras reflejan la dimensión del desafío: las armas ilegales de origen estadounidense se han incrementado en las incautaciones, y las rutas marítimas y terrestres muestran una integración inédita entre narcotráfico y migración.
Además, los flujos de migrantes desde Venezuela, Haití y África están siendo aprovechados por los grupos criminales como camuflaje para mover drogas, dinero y armas hacia el norte.
El documento subraya que la violencia, la falta de oportunidades y los efectos del cambio climático, como sequías y huracanes, siguen empujando a miles de centroamericanos fuera de sus comunidades, generando un terreno fértil para el reclutamiento criminal.
El análisis advierte que las instituciones públicas están siendo superadas por la velocidad con que se adapta el crimen organizado, mientras los Estados continúan aplicando políticas fragmentadas y sin cooperación regional efectiva.
Centro de Inteligencia Criminal
Los autores proponen la creación de un Centro de Inteligencia Criminal Regional con sede en Guatemala, para compartir información en tiempo real sobre rutas, lavado de dinero y tráfico de armas.
También recomiendan unificar marcos legales sobre lavado de activos, control de armas y decomiso de bienes, junto con estrategias de desarrollo local que incluyan educación y empleo juvenil para reducir el reclutamiento de las pandillas.
El informe concluye con una advertencia clara: si los gobiernos no actúan de forma coordinada, el crimen organizado seguirá usando la migración y la pobreza como sus principales motores, desplazando la autoridad estatal y poniendo en riesgo la estabilidad democrática de toda Centroamérica.
