En el marco del estado de sitio decretado por el gobierno guatemalteco, el Ejército ha asumido un rol central en el control de los centros penitenciarios más conflictivos del país. La misión principal: cortar las redes de comunicación entre los privados de libertad y las organizaciones criminales que operan fuera de los muros carcelarios.
“El primer objetivo fue retomar el control de las cárceles. Hoy, son nuestros soldados quienes revisan a los propios guardias del Sistema Penitenciario”, afirmó Henry Sáenz, ministro de la Defensa, en entrevista con el estatal Diario de Centroamérica.
Uno de los logros iniciales ha sido el hallazgo de equipos de comunicación dentro de los penales, incluyendo radios que operaban en la misma frecuencia que la Policía Nacional Civil, además de teléfonos celulares y drogas. Estos hallazgos se dieron durante requisas conjuntas con la PNC. “Encontramos los aparatos, identificamos las frecuencias y cortamos las comunicaciones”, explicó Sáenz.
Gracias a las capacidades de inteligencia militar, ahora permitidas bajo el estado de sitio, se han detectado y desactivado transmisiones ilegales que los reos usaban para coordinar atentados y extorsiones.
Equipos especiales han operado en cárceles como Renovación I (antes conocida como El Infiernito), revelando lo que el ministro calificó como “controles nulos” dentro del sistema penitenciario.
Ruptura estructural
La estrategia militar contempla dos fases. La primera ya está en marcha: cortar el vínculo entre los cabecillas encarcelados y sus estructuras externas. La segunda se desplegará en las zonas de influencia criminal, como las zonas 6 y 18 de la capital, así como en Villa Nueva, Amatitlán, Ciudad Quetzal y Chuarrancho.
“El Ejército está preparado para ingresar a estas comunidades con mayor seguridad, ahora que los líderes criminales ya no pueden dirigir desde prisión”, aseguró el funcionario.
Parte del plan a mediano plazo incluye la construcción de un nuevo centro penitenciario para albergar a los reclusos más violentos, aislándolos completamente. La prisión, diseñada para 2,000 internos, será construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en coordinación con el Ministerio de Gobernación.
“El objetivo es claro: garantizar que quienes tienen condenas de cientos de años estén completamente incomunicados, pero en condiciones que respeten los derechos humanos bajo las normas Mandela”, recalcó Sáenz.
Para los guardias penitenciarios, el control militar externo ha supuesto una forma de protección. Los soldados revisan a los custodios antes de sus turnos, disminuyendo la presión por parte de las estructuras criminales. “No tenemos pruebas formales, pero hay indicios de que parte del contrabando entraba con su complicidad”, sostuvo.
Crimen organizado y narcotráfico
Según el ministro, las requisas también han evidenciado nexos entre pandilleros y estructuras de narcotráfico.
“Encontramos cocaína. Esto confirma que son parte del ciclo del crimen organizado: compran, venden y consumen”, afirmó.
Sáenz subrayó que la falta de acción judicial para procesar a los pandilleros bajo cargos de terrorismo debilita el impacto de las operaciones militares. “El crimen debe tener consecuencias. Si no las hay, los esfuerzos se diluyen”, lamentó.
Finalmente, Sáenz pidió a la población respaldar las acciones del gobierno. “El presidente Arévalo está tomando decisiones acertadas. Guatemala no puede seguir negociando con estructuras que cada día se fortalecen más. Hoy es el momento de actuar”, concluyó.
