El nombre de Costa Rica volvió a figurar en un proceso judicial internacional vinculado al narcotráfico, tras revelarse en Estados Unidos que el cártel mexicano de los Beltrán Leyva utilizó una red de socios costarricenses para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, mediante criptomonedas, inversiones inmobiliarias y alquiler de propiedades en distintas zonas del país.
El costarricense Elías Alberto Quirós Benavides, de 53 años y vecino de Grecia, provincia de Alajuela, figura como uno de los imputados por conspiración para el lavado de dinero, en una acusación presentada el pasado 13 de mayo por el fiscal federal Adam B. Gordon ante la Corte del Distrito Sur de California.
La acusación lo vincula directamente con estructuras financieras del Cártel de Sinaloa y de la facción de los Beltrán Leyva, considerada una de las organizaciones criminales más violentas de México.
Criptomonedas y bienes raíces
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Quirós operaba en Costa Rica como “broker” o intermediario financiero, responsable de canalizar dinero ilícito mediante criptomonedas, evitando así los controles bancarios tradicionales.
“Esta estructura transnacional iba desde Colombia hasta Estados Unidos, y tenía representantes en distintas áreas, incluyendo legitimación de capitales”, explicó el subdirector del OIJ, Michael Soto.
La investigación en Costa Rica se inició tras un requerimiento de una agencia estadounidense, y permitió identificar a Quirós como una figura clave del engranaje económico del grupo criminal.
El Registro Nacional de Costa Rica muestra que Quirós figura en las juntas directivas de al menos diez sociedades anónimas, con actividades en compra y venta de bienes inmuebles, autos usados y alquiler de propiedades.
Algunos de sus negocios están registrados en San José, Alajuela y zonas cercanas a Guanacaste, en donde se habrían realizado operaciones de legitimación de capitales mediante la construcción y alquiler de locales comerciales.
Operación en zonas turísticas
Una investigación de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ culminó en mayo de 2024 con seis allanamientos en Puerto Soley y El Jobo, en Guanacaste, provincia limítrofe con Nicaragua.
Las autoridades desarticularon una célula dedicada al tráfico internacional de drogas y a la inversión de dinero ilícito en bienes raíces.
Durante los operativos, fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, además de decomisarse vehículos de lujo, motos acuáticas y otras propiedades de alto valor.
Aunque Quirós no fue arrestado en esa ocasión, los investigadores ya contaban con indicios que lo vinculaban al grupo desarticulado, por lo que su nombre quedó registrado en la causa penal en Costa Rica.
No obstante, las autoridades locales confirmaron que no existe un proceso judicial abierto contra él en el país y, debido a que los delitos que se le imputan ocurrieron en el extranjero y en plataformas virtuales, no se ha emitido ninguna orden de captura local.
Sin extradición, pero bajo vigilancia
Costa Rica no extradita a sus ciudadanos, por lo que Estados Unidos debe solicitar una orden de detención formal si desea juzgar a Quirós en su territorio. Mientras tanto, el OIJ informó que el imputado no ha salido legalmente del país desde marzo de 2022, lo que hace suponer que permanece en el territorio nacional, posiblemente oculto.
“El sujeto tiene un perfil financiero con inversiones fuertes y también participa en la parte operativa del lavado. Teníamos información de que mantenía relación con estructuras criminales en el norte del país y que su rol era mover el dinero sin dejar rastro bancario”, explicó Soto.
Vínculos con narcoterrorismo
La acusación contra Quirós forma parte de un expediente mayor que involucra a los mexicanos Pedro Inzuna Noriega y su hijo Pedro Inzuna Coronel, a quienes el Departamento de Justicia estadounidense acusa de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, por el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
De acuerdo con el fiscal Joshua Miller, “varias personas en Costa Rica fungieron como importantes legitimadores de capitales para la facción de los Beltrán Leyva”.
Esta es la primera acusación formal que incorpora a figuras costarricenses en una causa de narcoterrorismo, bajo el amparo de la Orden Ejecutiva 14157, firmada por el presidente Donald Trump, que designa al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera.
Los Beltrán Leyva son considerados una facción particularmente violenta del crimen organizado mexicano. Han sido responsables de múltiples asesinatos, secuestros, torturas y extorsiones para sostener sus operaciones.
Seguridad costarricense bajo presión
Este caso revive las preocupaciones sobre el uso de Costa Rica como plataforma logística y financiera para el crimen organizado internacional.
Pese a los esfuerzos del OIJ y otras instituciones, expertos en seguridad han alertado sobre la debilidad del marco legal costarricense en materia de criptomonedas, control de sociedades anónimas y extradición.
“Costa Rica se ha convertido en un país atractivo para estructuras criminales por su posición geográfica, el turismo, la estabilidad financiera relativa y la falta de regulación estricta en áreas como criptomonedas y bienes raíces”, señaló un exfiscal especializado en crimen organizado que pidió anonimato.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones en abril de 2025 contra Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, presunto líder clave de los Beltrán Leyva, por su rol en el tráfico de drogas ilícitas, incluyendo fentanilo.
En la mira de Washington
Este caso forma parte de la llamada Operación Take Back America, impulsada por el Departamento de Justicia, que busca desarticular las organizaciones criminales transnacionales (OCT) mediante el uso combinado de agencias federales, recursos judiciales y cooperación internacional.
“Estamos combatiendo no solo redes de narcotráfico, sino estructuras que operan como empresas criminales globales, que usan herramientas como las criptomonedas, las propiedades en alquiler, los negocios fachada y los vacíos legales para mantener su operación”, advirtió el fiscal Gordon.
Mientras el proceso judicial avanza en California, las autoridades costarricenses se preparan para colaborar en lo que podría ser una de las mayores investigaciones de crimen organizado con implicaciones transnacionales en la historia reciente del país.
