El diputado guatemalteco José Chic presentó este viernes una denuncia ante el Ministerio Público contra el cuestionado exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de forma continuada, relacionado con la investigación sobre la adquisición de vacunas Sputnik V durante la pandemia de Covid-19.
La acción legal surge en medio de cuestionamientos por la falta de avances en las pesquisas sobre la compra de las vacunas rusas, mientras más de cuatro millones de dosis vencidas permanecen almacenadas en una bodega del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Según Chic, la FECI mantuvo durante varios años expedientes abiertos sin resultados concretos.
“La FECI tuvo por alrededor de cinco años una primera denuncia sin resultados aún y en febrero de 2024 yo presenté una nueva denuncia relacionada con este caso. Estamos hablando de un poco más de dos años que Curruchiche tuvo este expediente de investigación sin dar ningún resultado”, afirmó el legislador.
El congresista señaló que actualmente permanecen almacenadas aproximadamente cuatro millones de dosis que ya no pueden utilizarse, con un valor estimado de Q400 millones (más de $52 millones). Además, sostuvo que existen documentos emitidos por el propio Ministerio Público en 2022 donde se ordenaba preservar las vacunas como evidencia.
“Hay oficios del propio Ministerio Público de fechas de abril y mayo de 2022 donde ordenan que no se puede perder ninguna dosis, pero cuatro años después no hay ningún resultado y aquí el único responsable es Curruchiche”, manifestó.
En la denuncia, Chic detalla que presentó una primera acción formal el 16 de febrero de 2024 y posteriormente una ampliación el 16 de abril del mismo año, aportando documentación adicional, incluido el contrato suscrito para la adquisición de las vacunas Sputnik V.
Asimismo, expuso que el 2 de diciembre de 2025 solicitó al Ministerio Público realizar inspecciones sobre las vacunas almacenadas, debido a que el Estado continuaba pagando el arrendamiento de los espacios donde permanecían resguardadas. Sin embargo, asegura que no se ejecutaron diligencias oportunas para preservar y documentar la evidencia.
El legislador argumenta que esta situación podría constituir una violación al artículo 419 del Código Penal de Guatemala, que sanciona a los funcionarios públicos que omitan, rehúsen o retrasen actos propios de sus funciones.
La denuncia solicita al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar si Curruchiche -sancionado por EEUU y la Unión Europea como actor corrupto y antidemocrático- incurrió en incumplimiento de deberes u otros delitos, además de revisar el expediente completo relacionado con la compra de las vacunas Sputnik V y verificar las razones de la demora observada en el proceso.
Chic también considera que deben establecerse responsabilidades contra quienes participaron en la negociación y ejecución del contrato. Entre los posibles involucrados mencionó a la exministra de Salud, Amelia Flores; al excanciller Pedro Brolo; y al expresidente Alejandro Giammattei.
En marzo de 2026, Curruchiche sostuvo públicamente que en el caso Sputnik V no existió un gran esquema de corrupción, sino únicamente incumplimientos vinculados al decreto que reguló la adquisición de vacunas durante la emergencia sanitaria. En esa ocasión informó sobre solicitudes de órdenes de captura contra exfuncionarios de Salud por diversos delitos relacionados con el manejo de los recursos públicos.
El expediente sobre la compra de vacunas Sputnik V permanece abierto desde el 6 de mayo de 2021 y acumula varias denuncias presentadas por diferentes instituciones y funcionarios, entre ellos la Procuraduría General de la Nación y el exministro de Salud, Óscar Cordón.
