La embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Cynthia Ann Telles expresó que Costa Rica necesita mayores recursos y leyes más eficaces para combatir el crimen organizado, en el marco de un auge sin precedentes en la producción de cocaína en Sudamérica y un descenso significativo en los decomisos de drogas en el país centroamericano.
Según una entrevista concedida al diario La Nación, Telles subrayó que los decomisos de drogas en Costa Rica disminuyeron un 55 % entre 2020 y 2022, pasando de 47 toneladas a 21.4 en el último año.
La diplomática destacó que Costa Rica se ha convertido en el principal país de tránsito para el narcotráfico de Colombia hacia otros destinos.
“Costa Rica es el país número uno en el traspaso de drogas de Colombia a otros países, incluyendo Asia, Europa y Estados Unidos”, dijo Telles a La Nación.
Telles hizo hincapié en la posición geográfica estratégica de Costa Rica, con acceso a dos océanos, y la falta de un ejército, como factores que complican la lucha contra las redes de narcotráfico.
Ante ello, la embajadora Telles señaló la urgencia de fortalecer la legislación y proveer más recursos para hacer frente a esta situación.
“La situación es sin precedentes”, afirmó, haciendo eco de advertencias previas por parte de funcionarios estadounidenses sobre la gravedad del problema del narcotráfico en Costa Rica.
Robert Alter, director de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, había advertido en septiembre de 2023 que Costa Rica era un destino preferido por los narcotraficantes.
Además, indicó que el elevado volumen de droga que llega al país no solo aumenta la presencia del narcotráfico, sino que el pago a cárteles locales con cocaína está impulsando un aumento en los homicidios relacionados con drogas y crimen organizado.
Esta situación ha contribuido a que el año 2023 se convierta en el más violento registrado en Costa Rica, con 907 homicidios, incluyendo masacres, desapariciones y ejecuciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, mientras las autoridades bajo el gobierno de Rodrigo Chaves achacan la responsabilidad del problema a otras administraciones e instituciones.
