Dictadura de Nicaragua otorga otra concesión a minera china tras sanciones de EE UU

La autorización abarca más de 43.000 hectáreas en el centro y Caribe Norte del país y se produce días después de medidas contra el negocio del oro vinculado al oficialismo

Xinxin Linze Minería Group, la nueva empresa china que tiene concesiones en Nicaragua

La dictadura de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china, pese a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra el sector aurífero vinculado al oficialismo.

La Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Minas, concedió el título PGJ-DGM-011-2026 a la desconocida empresa Minesight Minería Sociedad Anónima.

La empresa está representada por el empresario chino Mingshan Ding. La concesión cubre 43.109,55 hectáreas en municipios de Matagalpa y la Región Autónoma del Caribe Norte.

Según la resolución oficial, la compañía tendrá derechos exclusivos para explorar, explotar y establecer plantas de procesamiento de minerales en la zona durante un período de 25 años, con un plazo máximo de cuatro años para iniciar operaciones.

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Expansión minera tras sanciones

La autorización se produce pocos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a figuras clave del círculo gobernante, incluidos familiares del dictador Daniel Ortega, así como a empresas señaladas de participar en el negocio del oro.

Pese a esas medidas, Nicaragua ha continuado otorgando concesiones a compañías extranjeras, particularmente de origen chino, muchas de ellas de reciente creación y sin trayectoria visible en el sector minero.

Xinxin Linze Minería Group, la nueva empresa china que obtiene concesiones en Nicaragua.

Un día antes de esta concesión, las autoridades aprobaron otro permiso para una empresa china en un lote cercano a 50,000 hectáreas, lo que evidencia una aceleración en la entrega de derechos de explotación minera.

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Negocio sucio de la familia Ortega-Murillo

El avance de estas concesiones ocurre en medio de cuestionamientos de organizaciones ambientales y de derechos humanos, que han advertido sobre el impacto social y ecológico de la expansión minera en zonas rurales y territorios indígenas.

La dictadura ha emitido avales a estos proyectos, mientras que las empresas deben negociar con propietarios de tierras antes de iniciar operaciones, conforme a la normativa vigente.

Detrás de las operaciones, según Estados Unidos, se encuentran los hijos del régimen Ortega Murillo, testaferros y funcionarios afines a la familia dictatorial.

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