La dictadura de Nicaragua niega a Brasil asistencia jurídica internacional en materia penal, tras rechazar que este país sudamericano pueda investigar el asesinato de la estudiante brasileña Raynéia Lima, cometido el 23 de julio de 2018 en Managua.
El Ministerio Público de Pernambuco, Brasil, a través de documentos oficiales, reveló que las autoridades nicaragüenses adujeron que se trata “de un delito político amnistiado”.
Ante esto, Luis Antonio Miranda Amorin, procurador de la oficina 13 de esta institución, dijo que el pasado 22 de mayo informó a los abogados de Acción Penal (AP), que Nicaragua le negó acceso a obtener una copia íntegra de los actos de las investigaciones e inclusive las judiciales.
“La documentación contiene una carta con la solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal (…) trámite que dirigió esa Procuraduría a Nicaragua, que tenía como objetivo la obtención de copia integral de los actos de investigación y judiciales relacionados al homicidio de Ray Néia”, afirmó el procurador Miranda a Acción Penal, quien recalcó que el pedido fue rechazado.
Ante esta negativa, las autoridades brasileñas manifestaron que si en un plazo de 90 días no hay ninguna manifestación de las autoridades nicaragüenses, el caso de la estudiante sería enviado al archivo interno de ese Departamento, sin perjuicio de formular otra solicitud de cooperación “o se adopten otras medidas que se estimen convenientes”, dice la institución.
Al respecto los juristas de AP, quienes son asesores de los familiares de la víctima, estiman que esa medida puede obedecer a un anticipo también de lo que la dictadura puede decir si es requerida para dar colaboración en otros casos internacionales, donde se les pueda investigar por violaciones de derechos humanos en terceros países.
Además, los abogados de Acción Penal, esta actitud de Nicaragua, permite identificar que efectivamente en este país centroamericano, se pone de manifiesto una “política que tolera y fomenta la impunidad” ante graves problemas de violaciones de derechos humanos en contra de los mismos ciudadanos nicaragüenses que incluye extranjeros. Todo ello fomentado desde la crisis política que estalló en el 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega y su mujer y vicepresidenta Rosario Murillo.
La dictadura, respecto a este asesinato de Lima, dio amnistía al principal acusado, el paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, quien recibió ese beneficio legal en el año 2019.
“La Ley de Amnistía aplicada al señor Gutiérrez, es una ley incompatible con estándares internacionales en materia de derechos humanos, por cuanto niega el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva a los familiares de Ray Néia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, violentando también su derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial; asimismo, se promueve la impunidad y tiene como objetivo obstaculizar los procesos de rendición de cuentas, tal y como se demuestra con la negativa de brindar la asistencia jurídica requerida”, afirmó AP en una carta enviada el 2 de junio de 2023 al Ministerio Público de Brasil.
Los juristas adujeron que el paramilitar Gutiérrez fue presentado por la Policía como el autor de los disparos el 27 de julio de 2018. Y que las mismas autoridades de esta institución, quienes informaron que lo habían capturado con un arma de fuego tipo carabina M4. Las declaraciones quedaron ahí, sin dar mayores detalles de la vida del sujeto, ni del móvil de los hechos, ni las circunstancias en las que se dio el asesinato.
