En el Sistema Penitenciario de Tipitapa, la policía del régimen sandinista presentó al campesino Douglas Gamaliel Álvarez Morales, extraditado de Costa Rica, a quien exhibieron encadenado y presentaron ante los medios oficialistas como “autor” de varios crímenes, sin siquiera haber iniciado un juicio, dejando en duda la validez de las acusaciones vertidas en su contra.
El comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la policía, afirmó que Álvarez Morales fue entregado por las autoridades de Costa Rica en el puesto fronterizo de Peñas Blancas el pasado viernes 16 de febrero, lo que ha generado un amplio cuestionamiento sobre la colaboración entre los regímenes de Nicaragua y Costa Rica en temas de extradición y derechos humanos.
Vanegas relató una versión que presenta a Douglas y otros individuos como autores de 2 muertes ocurridas en octubre de 2022 en la comarca Buena Vista del municipio de El Castillo, cuando presuntamente un grupo armado cometió robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río.
Sin embargo, estas afirmaciones son vistas con escepticismo debido a la falta de transparencia y garantías procesales en el sistema judicial nicaragüense, ampliamente sancionado y cuestionado por fabricar juicios y delitos arbitrarios contra personas opositoras a la dictadura de la familia Ortega-Murillo, señalada de cometer crímenes de lesa humanidad desde 2018.
En este relato se menciona que los sujetos supuestamente asesinaron a una policía y a un trabajador, además de lesionar a otros individuos y robar pertenencias, pero es importante tener en cuenta que estas declaraciones provienen de un sistema judicial y una policía bajo la influencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, conocidos por su falta de independencia y su historial de violaciones a los derechos humanos.
La policía sandinista, por órdenes de Ortega y Murillo, ha sido sancionada por el asesinato de 355 personas, más de 4,000 heridos, miles de detenidos, torturados y desaparecidos y el desplazamiento forzoso de más de 600,000 personas.
Para abogados defensores de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, desde el exilio, las cifras presentadas sobre el monto robado y el armamento supuestamente utilizado en el crimen deben ser interpretadas con cautela, “ya que la falta de transparencia y la falta de un debido proceso hacen difícil verificar la veracidad de estas afirmaciones, que podrían ser utilizadas para justificar acciones represivas contra opositores políticos y disidentes en Nicaragua”.
El gobierno de Costa Rica, después de recibir lluvias de críticas por su complicidad con la dictadura de Nicaragua para la deportación del campesino, se ha tratado de desligar del error y achaca la culpa al sistema judicial del país.
Chaves, quien ha confesado gozar de relaciones estrechas con los dictadores Murillo y Ortega, ha actuado de ese modo en su gobierno: responsabilizar a otros por los fallos, errores y problemas sin resolver en su país.
