Costa Rica vive horas decisivas. Este lunes 8 de septiembre la Asamblea Legislativa votará si retira o no el fuero al presidente Rodrigo Chaves, a fin de que pueda ser investigado por el presunto delito de concusión en el caso conocido como “BCIE–Cariñitos”.
Se trata de una decisión histórica que marcará el rumbo del Gobierno y pondrá a prueba el sistema democrático costarricense.
El viernes pasado, una comisión legislativa integrada por 3 diputados dictaminó por mayoría recomendar al Plenario levantar la inmunidad presidencial.
¿Qué recomendó la comisión?
Dos votos —Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional, y Rocío Alfaro, del Frente Amplio— concluyeron que existen elementos suficientes para que la Fiscalía General abra formalmente una causa contra Chaves.
El oficialista Daniel Vargas, en cambio, se opuso.
“Voy a recomendar al Plenario Legislativo que apruebe el levantamiento de la inmunidad del señor presidente, quien dijo no tener temor. Eso refuerza que no hay persecución política, sino la oportunidad de que enfrente la justicia como todos los costarricenses”, afirmó Alfaro.
La comisión trasladó el informe al Congreso, que este lunes deberá decidir si acoge la recomendación. Para aprobar el levantamiento del fuero se necesitan 38 votos de los 57 diputados, es decir, una mayoría calificada de 2 tercios.
Lea además: Comisión legislativa de Costa Rica recomienda levantar fuero al presidente Rodrigo Chaves
El caso BCIE–Cariñitos-Chaves
La acusación presentada por la Fiscalía en abril involucra al presidente y a otros allegados en la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., propiedad del comunicador Cristian Bulgarelli.
Según la denuncia, Bulgarelli —considerado testigo clave— habría participado en la redacción de los requisitos de contratación después de reuniones en Casa Presidencial.
El contrato ascendió a $405,000 dólares provenientes de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Además del mandatario, la investigación apunta al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien renunció voluntariamente a su inmunidad, y a Federico Cruz, ex asesor de campaña y funcionario cercano a Chaves.
La Fiscalía sospecha que la contratación fue hecha “a la medida” para beneficiar a la empresa de Bulgarelli.
Un debate político de alto voltaje
La decisión coloca al Congreso en el centro de la escena política. Los partidos de oposición deberán definir si respaldan el informe de la comisión, mientras que el oficialismo busca blindar a Chaves.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, adelantó que la sesión será extensa: primero se leerá el dictamen, luego se concederá a Chaves hasta 30 minutos para ejercer su defensa y, después, intervendrán los diputados antes de votar a favor de aceptar o rechazar la resolución.
A la vez, propuso fijar la fecha de la votación del desafuero para el 22 de septiembre, sea ese día o cualquier otro de esa semana, ajustándose a la agenda.
El Gobierno ha insistido en que el caso responde a intereses políticos. Chaves ha asegurado que “no tiene nada que ocultar” y que enfrentará la situación con transparencia.
Sin embargo, sus opositores consideran que el país debe demostrar que ningún funcionario, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley.
Lea también: Congreso de Costa Rica votará el 8 de septiembre sobre la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves
Futuro de Chaves
Si el Plenario rechaza el levantamiento del fuero, Chaves terminará su mandato el 8 de mayo de 2026 sin enfrentar cargos judiciales, blindado por la protección constitucional.
En cambio, si los diputados aprueban la medida, la Fiscalía podrá interrogarlo e impulsar un proceso judicial que podría alterar la estabilidad de su gobierno.
Costa Rica no tiene antecedentes de que un presidente en funciones sea sometido a un proceso penal de esta magnitud. Por ello, la votación de este lunes representa un momento bisagra en la historia reciente del país.
El desenlace marcará no solo la credibilidad del sistema político, sino también el futuro de Rodrigo Chaves, un mandatario que llegó al poder en 2022 con un discurso de lucha contra la corrupción y que ahora enfrenta la posibilidad de ser investigado por un delito vinculado a su propia administración.
