Un grupo de abogados de derechos humanos demandó este jueves al Gobierno de Costa Rica por presuntas violaciones a los derechos de al menos 50 niños migrantes deportados desde Estados Unidos, quienes han sido retenidos por casi dos meses en un centro migratorio sin condiciones básicas. La denuncia fue presentada ante el comité de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, según The New York Times.
La acción legal representa el segundo caso de alto perfil contra una nación centroamericana que ha aceptado recibir migrantes expulsados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. El primero fue presentado en marzo contra Panamá, tras la detención de más de 100 personas en condiciones precarias en una selva remota.
Los abogados acusan a Costa Rica de mantener a los menores en un antiguo centro industrial adaptado como albergue, donde se enfrentan a “riesgos de daño irreparable”, según el expediente. El sitio, una antigua fábrica de lápices reconvertida en el Centro de Atención Temporal para Migrantes, está ubicado en las cercanías de la frontera con Panamá.
“Estamos hablando de niños entre los 2 y 10 años, muchos provenientes de países como Irán o Azerbaiyán, sin acceso a educación, pediatras o asistencia legal. Es una situación incompatible con la protección internacional”, explicó Silvia Serna Román, abogada principal del caso, citada por The New York Times.
Los migrantes llegaron a Costa Rica en febrero, en vuelos de deportación organizados por Estados Unidos. El grupo incluía 81 menores de edad, parte de un total de 200 personas expulsadas desde EE.UU., en su mayoría originarios de países no pertenecientes al hemisferio occidental, como China, Vietnam y Uzbekistán.
Aunque el director de Migración de Costa Rica, Omer Badilla, rechazó que los migrantes estén detenidos y aseguró que pueden salir del centro con escolta policial para compras, los abogados sostienen que las condiciones constituyen detención encubierta.
“Lo llaman retorno voluntario, pero si pones a una familia en una situación insostenible, estás forzando una decisión. Eso no es voluntario”, argumentó Serna.
La demanda se fundamenta en que Costa Rica, como firmante de protocolos adicionales del tratado internacional, puede ser objeto de observación por parte del comité de la ONU, el cual ya fue solicitado para emitir una orden de medidas cautelares mientras se analiza el caso.
Presión internacional y respuesta oficial
El presidente Rodrigo Chaves justificó en febrero el acuerdo migratorio con EE.UU. como parte de una relación estratégica.
“Estamos ayudando al hermano rico del norte, porque si nos impone un impuesto en la zona franca, nos arruina. Y además, amor con amor se paga”.
La demanda cobra relevancia en medio del aumento de deportaciones desde EE.UU. bajo nuevas directrices migratorias de la administración Trump, que busca apoyarse en terceros países para contener los flujos migratorios y debilitar el derecho de asilo.
Ian Kysel, profesor de Derecho en la Universidad de Cornell y miembro del Consejo Global de Litigación Estratégica, subrayó que la denuncia busca presionar a los gobiernos latinoamericanos que colaboran con estas políticas.
“Queremos que rindan cuentas y que haya presión internacional si no cumplen con los compromisos adquiridos”, afirmó.
Según una carta firmada por el Gobierno de Costa Rica en marzo, cerca de 100 personas aún permanecen en el centro, la mitad de ellos niños. El resto ya fue repatriado.
El caso podría tener implicaciones diplomáticas y legales no solo para Costa Rica, sino también para otros países que colaboran con EE.UU. en la ejecución de deportaciones masivas, mientras se avivan las críticas sobre las condiciones en las que se reciben y albergan a los migrantes más vulnerables.