La Defensoría del Pueblo de Panamá reveló un informe preliminar que documenta graves violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante la operación Omega, ejecutada entre el 20 y 30 de junio bajo órdenes del presidente José Raúl Mulino, con el objetivo de reprimir protestas y saqueos registrados en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
El informe incluye testimonios de detenciones arbitrarias, golpizas, tratos crueles, traslados sin registro, amenazas y violaciones al debido proceso, en su mayoría cometidos contra personas de la población indígena ngäbe buglé.
De acuerdo con el documento, de 186 personas detenidas, solo 104 fueron procesadas, y entre ellas, el 88 % sufrió detención arbitraria y el 97 % abuso de la fuerza, y al menos 99 víctimas fueron sometidas a tratos crueles o inhumanos, 26 fueron coaccionadas para confesar bajo amenazas a sus familias, y 78 denunciaron haber sido privadas de atención médica, en un contexto donde el 97 % presentó lesiones físicas evidenciadas en fotos, videos y reportes médicos.
Conferencia de prensa: Informe Preliminar sobre la Situación de Derechos Humanos durante los disturbios y el Estado de Urgencia en Bocas del Toro.
@eleblancg https://t.co/YzxTfELs8o— Defensoría del Pueblo de Panamá🕊 (@DefensoriaPan) July 4, 2025
El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, denunció que hubo detenciones sin acceso a abogados ni alimentos, como el caso de Agustín (nombre ficticio), un joven de 22 años retenido injustamente mientras compraba leche.
Las condiciones en que se ejecutaron los operativos incluyeron incomunicación de la provincia, bloqueo de telefonía e internet, y suspensión de derechos como el habeas corpus y la inviolabilidad del domicilio.
La institución también documentó registros corporales indebidos, abuso verbal, amenazas de muerte y que en el 86 % de los casos no se respetó el debido proceso. Asimismo, el 76 % de los entrevistados presentó secuelas psicológicas como pesadillas y miedos persistentes.
Denuncias penales y traslados sin registro
Leblanc confirmó que la Defensoría presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra miembros de fuerzas de seguridad y posibles responsables civiles, también advirtió sobre “traslados fantasmas” a centros penales en Chiriquí, Veraguas y Coclé, que impidieron el acceso a la defensa y se ejecutaron con personas rapadas, semidesnudas y esposadas en aviones del Servicio Aeronaval, a pesar de restricciones por hacinamiento como las que pesan sobre el penal de Aguadulce.
Sobre supuestos cuerpos abandonados en plantaciones de banano cercanas al cementerio de San San, Changuinola, el defensor dijo que aún no hay evidencia concreta, aunque el Ministerio Público ya investiga junto con los casos de un joven baleado en Rambala (Chiriquí Grande) y una niña de 1 año fallecida por gases lacrimógenos, según Aldeas Infantiles SOS.
Investigación por censura de comunicaciones
La Defensoría también abrió una investigación de oficio sobre el bloqueo de comunicaciones en Bocas del Toro, denunciado por La Estrella de Panamá, uno de los pocos medios que logró documentar los operativos.
El defensor confirmó que se solicitó información a la ASEP para esclarecer qué parámetros se usaron para cortar la señal y cuál fue su alcance, señalando afectaciones a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico durante el estado de urgencia.
Leblanc concluyó que el Estado panameño debe asumir con seriedad su responsabilidad, brindar reparación integral a las víctimas y tomar medidas efectivas para evitar que se repita.