La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró este lunes que el proyecto de ley Nº. 24.364, conocido como “Ley Jaguar”, presenta vicios de inconstitucionalidad en todas sus propuestas.
Esta normativa tenía como objetivo reformar las competencias de la Contraloría General de la República (CGR), ajustar los procesos de contratación estatal y fortalecer la ejecución de proyectos por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La Sala le respondió a una consulta enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en junio, en la que se solicitó la revisión de la propuesta del Gobierno de Rodrigo Chaves para convocar un referéndum sobre la iniciativa.
Sala Constitucional declara INCONSTITUCIONAL Ley Jaguar promovida por el Gobierno.
Desde un inicio manifestamos nuestras serias dudas, y ahora hacemos un llamado al presidente para trabajar en conjunto con las soluciones que necesita el país, pero bien hechas. pic.twitter.com/CQzoQUy7x2
— Diputado Diego Vargas (@DiputadoDiego) July 30, 2024
En un comunicado, el tribunal expresó que se encontraron “vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados” del proyecto de ley.
El pasado 5 de junio, el presidente Chaves presentó la propuesta en el Congreso, buscando reformar el artículo 12 de la ley que regula la Contraloría, limitando su capacidad de fiscalización y previniendo su intervención en la administración pública.
La reforma también pretendía prohibir a la Contraloría la suspensión de actos y contratos del Estado, así como limitar su capacidad para realizar investigaciones previas.
La propuesta ha sido objeto de críticas por parte de la CGR y de diversos sectores políticos.
La Contralora General, Marta Acosta, expresó en su consulta a la Sala que el proyecto representaba un “debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos del sistema democrático”. Además, la oposición ha argumentado que el proyecto busca reducir los controles sobre las contrataciones públicas.
El Gobierno, por su parte, intentó avanzar en la convocatoria del referéndum por dos vías: a través del TSE, para recolectar las 185.000 firmas necesarias, o mediante la aprobación directa del proyecto en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el oficialismo, que cuenta con sólo 8 de los 57 votos necesarios, enfrentaba grandes obstáculos para lograr esta mayoría.
La Sala Constitucional, conocida popularmente como Sala IV, dictó la sentencia 2024-21375, confirmando que el proyecto de ley, con su intento de limitar las competencias de la Contraloría, es inconstitucional.
Esta decisión se basa en la jurisprudencia establecida en el voto 1998-998, que estipula que cualquier modificación a las competencias de la Contraloría debe tener el objetivo de ampliar o aclarar sus atribuciones, no reducirlas.
La entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, había reconocido las dudas constitucionales sobre el proyecto, pero insistió en la necesidad de “intentar” la reforma.
El tribunal que deliberó la consulta estuvo compuesto por los magistrados Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Ingrid Hess Herra, Anamari Garro Vargas, Jorge Araya García y la magistrada suplente Alexandra Alvarado Paniagua.
Mientras las consultas adicionales presentadas por el Partido Liberal Progresista, Liberación Nacional y la Contraloría General continúan bajo estudio, la administración de Chaves enfrenta un nuevo revés en su intento por reformar el sistema de control fiscal en el país.
La propuesta del “Ley Jaguar” ha sido vista por algunos analistas como una amenaza a los controles y equilibrios en el sistema político costarricense, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por desmentir tales afirmaciones.
