Cuatro ciudadanos hondureños fueron acusados por un gran jurado federal en Orlando, Florida, por dirigir durante siete años un sistema de pagos fuera de los registros oficiales, con el cual facilitaron la contratación de trabajadores indocumentados y evitaron el pago de impuestos laborales.
Los implicados son Iris Villafranca, Mario Flores, Osman Zapata y Cristofer Oseguera Girón, quienes enfrentan cargos por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y por defraudar al gobierno de Estados Unidos. Villafranca, además, fue acusada por fraude electrónico y por presentar declaraciones fiscales falsas.
Según la acusación, entre 2015 y 2022 los imputados utilizaron empresas fachada para administrar un negocio clandestino de cambio de cheques y transporte de efectivo. En total, movieron aproximadamente $89 millones en cheques emitidos por subcontratistas de la industria de la construcción, que luego usaban el dinero para pagar en efectivo a sus trabajadores, eludiendo así impuestos y regulaciones migratorias.
El esquema también incluyó el uso fraudulento de seguros laborales. Los acusados alquilaban certificados de seguros a contratistas y entregaban información falsa a las aseguradoras sobre el número de empleados cubiertos y los salarios pagados, lo que generó un perjuicio económico a las compañías.
El documento judicial sostiene que Villafranca presentó declaraciones de impuestos falsas entre 2019 y 2022, omitiendo ingresos provenientes tanto del esquema ilegal como del alquiler de propiedades.
De ser hallada culpable, Villafranca podría enfrentar hasta 33 años de prisión por todos los cargos, mientras que Flores, Zapata y Oseguera Girón arriesgan hasta 10 años de cárcel cada uno.
El caso es liderado por el Departamento de Justicia de EE.UU. con apoyo del IRS y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y será procesado por fiscales federales del Distrito Medio de Florida.