Costa Rica volvió a cerrar un año con más de 850 homicidios por tercera vez consecutiva, al registrar 873 asesinatos en 2025, una cifra oficialmente inferior a la de 2024 (880) y a la de 2023 (907).
Las autoridades consideran las cifras como estadísticamente no significativa y como reflejo de una violencia sostenida vinculada en su mayoría al narcotráfico.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la tasa de homicidios en 2025 fue de 16,7 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la historia reciente del país.
Muy por encima, además, de los niveles que por décadas distinguieron a Costa Rica como una de las naciones más seguras de Centroamérica.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, advirtió que la leve reducción interanual no cambia la tendencia estructural del fenómeno.
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“La policía no es la medicina”
“La Policía es la medicina para el síntoma, pero no cura la enfermedad. La cura es la prevención, es trabajar con la niñez, la adolescencia y el desarrollo humano”, afirmó Soto al presentar el balance oficial de criminalidad.
Las estadísticas indican que el 69 % de los homicidios registrados en 2025 estuvieron relacionados con ajustes de cuentas y disputas entre organizaciones del narcotráfico, en un contexto de expansión de rutas de tráfico y presencia de carteles internacionales que utilizan el territorio costarricense como punto estratégico.
El año más violento en la historia del país fue 2023, con 907 homicidios, seguido de 2024, con 880, y ahora 2025, con 873.
Antes de este ciclo, el récord nacional se había situado en 654 homicidios en 2022, lo que evidencia un salto abrupto de la violencia letal en apenas tres años.
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50 menores de edad asesinados
Del total de víctimas de 2025, 589 tenían entre 18 y 39 años, el grupo etario más afectado, mientras que 50 eran menores de edad.
Además, el OIJ contabilizó 85 víctimas colaterales, personas ajenas a los conflictos criminales que murieron en hechos violentos.
Durante el año, las autoridades lograron desarticular 44 organizaciones de crimen organizado e imputar a 601 sospechosos, pero insistieron en que la respuesta no puede ser únicamente policial.
“Si Costa Rica quiere solucionar sus problemas de criminalidad, debe invertir en seguridad, pero aún más en desarrollo humano”, subrayó Soto.