Costa Rica superó los 300 homicidios en el primer cuatrimestre de 2025, confirmaron autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en un escenario de violencia creciente impulsada por la acción de cuatro carteles internacionales y alrededor de 300 bandas delictivas locales que disputan territorios, rutas y control de mercados ilícitos en todo el país.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó que “efectivamente, sufrimos 300 homicidios, prácticamente en el primer cuatrimestre del año, lo que nos posiciona nuevamente a una proyección de final de año de alrededor de los 900”.
El funcionario lamentó que “a pesar de los múltiples esfuerzos, seguimos teniendo problemas de violencia importante”, destacando que las armas de fuego y los ajustes de cuentas entre organizaciones criminales siguen siendo los principales detonantes de las muertes violentas.
El crimen que superó la cifra ocurrió la madrugada del 3 de mayo en Guayabos de Curridabat, San José, cuando un hombre fue asesinado en un aparente asalto que terminó en tragedia.
Durante el mismo incidente, una mujer resultó gravemente herida de bala. Horas más tarde, en Tejarcillos de Alajuelita, también en San José, un ataque armado dejó otras dos personas asesinadas, en otro fin de semana violento.
Las autoridades advierten que la cifra podría incrementarse, debido a que aún hay personas desaparecidas cuya suerte podría confirmar nuevos homicidios, según las sospechas policiales.
Las narcobandas
El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que la violencia está directamente vinculada al accionar de 300 bandas locales e internacionales. “Las personas que integran los diferentes grupos criminales, al verse asediadas por un grupo rival o inclusive por la Policía, tratan de repelerlos con sus armas. Todos los días se enfrentan a disputas territoriales y por el control de sus negocios”, explicó.
Zúñiga detalló que las bandas más peligrosas, como “La H”, la de Peña Rusell, la del Valle de la Estrella y la de alias “Diablo” (Alejandro Arias Monge), han expandido su control más allá de sus zonas tradicionales en Limón, alcanzando barrios del sur de San José como Hatillo, Desamparados y Alajuelita, así como Guadalupe al norte de la capital.
La captura de cabecillas ha desencadenado violentas disputas por el control de esos territorios.
En la región de Puntarenas, zonas como Barranca, El Roble y Fray Casiano son epicentro de luchas territoriales entre al menos diez bandas fragmentadas. Incluso provincias como Heredia, Alajuela y sectores de Cartago, que históricamente registraban menor incidencia criminal, ahora reportan presencia activa de grupos armados.
“La violencia ya no está confinada a unas pocas zonas. Se ha extendido de manera dramática y preocupante”, advirtió el jefe judicial.
Los informes del Ministerio de Seguridad Pública y del OIJ confirman además la presencia de al menos cuatro carteles internacionales que operan como grandes proveedores de droga, armas y logística para las redes locales.
Costa Rica, reconocida históricamente como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy niveles de violencia sin precedentes.
El año 2023 cerró con un récord de homicidios y 2025 amenaza con superarlo, en medio de una crisis de inseguridad que se suma al creciente deterioro social y al alto costo de vida. Según plataformas internacionales como Numbeo y Expatistan, Costa Rica es ya el país más caro para vivir en toda América Latina, situación que agrava las tensiones sociales en los barrios más vulnerables, donde las bandas encuentran terreno fértil para reclutar jóvenes y extender su influencia.
“Realmente ha sido difícil de controlar”, admitió Soto. “Lamentablemente, fallecen víctimas colaterales. Esto sigue siendo triste, debido a la violencia que azota al país, pero se sigue en la lucha por hacer una contención criminal”, concluyó.
Mientras tanto, el país enfrenta el desafío de contener una violencia que no muestra señales de retroceso y amenaza con transformar de forma estructural la convivencia social y la seguridad ciudadana.
