Costa Rica ha intensificado sus operativos policiales en la frontera norte con Nicaragua para contener el avance de la minería ilegal de oro en zonas selváticas y de difícil acceso como Crucitas, cerro Conchuditas y la finca La Chachalaca, donde operan estructuras criminales transnacionales.
Las acciones, lideradas por la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras, se concentran en áreas cercanas al río San Juan, donde se han identificado rutas de extracción y traslado del material hacia territorio nicaragüense.
El ingreso a estos puntos representa un reto extremo: los agentes caminan hasta cinco horas entre pantanos, quebradas y vegetación densa para alcanzar los sitios clandestinos.
Riesgos en terreno hostil
En estos operativos, los oficiales enfrentan peligros físicos y químicos. El viceministro de Seguridad Pública, Érick Lacayo, alertó sobre el hallazgo de piletas artesanales con cianuro a la orilla del río, sin que los policías cuenten con protección especializada.
“Los riesgos van desde el uso de armas por parte de estas estructuras hasta el contacto con químicos peligrosos”, explicó Lacayo.
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El cianuro, utilizado en la extracción de oro, bloquea la capacidad de las células para usar oxígeno, lo que puede provocar asfixia interna.
La exposición puede generar síntomas graves e incluso la muerte. A nivel ambiental, su impacto es severo: contamina fuentes de agua, afecta la fauna acuática y degrada los suelos.
Especialistas advierten que el peligro aumenta en contextos de minería ilegal, donde estas sustancias se manipulan sin controles técnicos, lo que facilita derrames y filtraciones hacia ríos como el San Juan, con posibles efectos transfronterizos.
Redes criminales y rutas transfronterizas
Durante recientes operativos, las autoridades detectaron estructuras improvisadas para procesar material aurífero, construidas con plástico y madera en plena selva. Estas piletas evidencian una actividad constante y sin regulación ambiental.
Según el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, los mineros ilegales —conocidos como coligalleros— trabajan para grupos criminales que financian la extracción y organizan el traslado del material hacia Nicaragua.
El método es sistemático: los trabajadores excavan túneles en suelo costarricense, llenan sacos con material y los transportan hasta el río, desde donde los trasladan en embarcaciones hacia campamentos en territorio nicaragüense. Las autoridades han identificado al menos seis de estos puntos al otro lado de la frontera.
Ganancias y presión institucional
El atractivo económico impulsa la actividad. Cada saco de material puede contener hasta dos onzas de oro, con un valor cercano a los 10.000 dólares en el mercado internacional.
Estas ganancias permiten a las organizaciones financiar logística, adquirir insumos y sostener la operación ilegal.
El Ministerio de Salud alertó, además, sobre el incremento en los decomisos de cianuro. En las últimas semanas, las autoridades incautaron cerca de tres toneladas del químico, lo que confirma la existencia de una cadena de suministro activa hacia estas zonas.
El Gobierno impulsa iniciativas para regular la actividad minera, aunque la falta de avances mantiene vacíos que son aprovechados por estas redes.
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Alerta ambiental y cooperación pendiente
Costa Rica ha solicitado a Nicaragua reforzar la vigilancia en su territorio para frenar el contrabando de oro y el daño ambiental compartido.
La deforestación, la contaminación hídrica y la degradación del suelo ya afectan amplias áreas en la zona norte.
Las autoridades advierten que la minería ilegal no solo constituye un delito ambiental, sino también una amenaza a la seguridad regional, al estar vinculada con estructuras de crimen organizado que operan a ambos lados de la frontera.
