Las autoridades de Costa Rica reconocieron este miércoles el incremento de asaltos contra ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, luego de que la embajada de Estados Unidos en San José emitiera una alerta de seguridad dirigida a sus connacionales.
Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), admitió que esta situación representa una problemática creciente en el país y que ya se encuentran desarrollando investigaciones al respecto.
“Sí, es una problemática que hemos venido abordando”, expresó el funcionario.
La alerta, publicada por la sede diplomática, advierte sobre un aumento de delitos como robos, allanamientos, extorsiones, fraudes financieros y asaltos armados que han afectado tanto a turistas como a residentes estadounidenses.
La embajada destacó que varias víctimas han sido obligadas a retirar grandes cantidades de dinero en efectivo o a realizar transferencias electrónicas bajo amenaza.
Entre los puntos señalados en el comunicado, se menciona que muchas de las denuncias están relacionadas con alojamientos del tipo Airbnb y otras propiedades de alquiler, especialmente en zonas de montaña o áreas aisladas del Pacífico costarricense.
Soto reconoció que “sí hemos tenido una problemática especialmente en la zona pacífica, especialmente, en el tema de asaltos a viviendas que normalmente son alquiladas por el sistema conocido como Airbnb o personas que ya están establecidas en el país y tienen sus casas en zonas un un poco solitarias y de montaña, que representan algún tipo de de vulnerabilidad y de inteligencia previa también para las estructuras criminales”.
El funcionario detalló que los delincuentes suelen evitar el ingreso por la entrada principal y estudian los movimientos de las víctimas.
“Estos grupos, que no es uno solo, son varios, actúan con conocimiento sobre la cantidad de personas en la vivienda, los accesos laterales y toman en desventaja a los residentes”, explicó el subdirector del OIJ. Incluso, sostuvo que han existido casos donde las víctimas permanecen privadas de libertad por horas mientras son obligadas a realizar transferencias bancarias.
La advertencia se produce en un contexto complejo para el turismo costarricense, uno de los pilares económicos del país. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre enero y septiembre de este año se registraron 2,018,004 llegadas de turistas por vía aérea, lo que representa una caída del 2 % respecto al mismo periodo de 2023, equivalente a 41,707 viajeros menos.
La combinación de la baja en el flujo turístico y la percepción de inseguridad podría impactar negativamente a hoteles, operadores turísticos y comercios vinculados al sector, que dependen en gran medida del mercado estadounidense.
