La muerte del oficial de la Fuerza Pública Mainor Martínez Molina, confirmada este sábado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ha sacudido a Costa Rica en medio de una escalada de violencia sin precedentes que suma ya 210 homicidios en lo que va de 2025.
El uniformado fue herido de gravedad durante un enfrentamiento armado con presuntos miembros de la banda criminal “La H”, en Playa Bonita, Limón, y falleció tras casi una semana de lucha por su vida en el hospital Tony Facio.
Martínez, destacado en la Policía de Fronteras, se encontraba fuera de servicio cuando se percató del tiroteo entre agentes del OIJ y sujetos fuertemente armados a plena luz del día en una playa llena de turistas.
Al bajarse de su vehículo para brindar apoyo, recibió un impacto de bala en el pecho que le perforó un pulmón. Otro agente del OIJ fue herido en la cabeza durante el intercambio, aunque logró recuperarse.
La escena del crimen reveló el uso de armas de grueso calibre por parte de los delincuentes. Cuatro personas fueron detenidas por su posible vinculación con el ataque. La banda “La H”, integrada por narcotraficantes hondureños, es señalada por las autoridades como uno de los grupos más violentos en la región Caribe del país, estaría detrás del enfrentamiento.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, expresó su “profundo pesar” y calificó al oficial como “un héroe que murió en cumplimiento del deber”. La Presidencia de la República emitió un comunicado oficial de duelo, solidarizándose con la familia del agente caído y reafirmando su compromiso de enfrentar al crimen organizado.
Amenazas sistemáticas y atentados contra policías
Este hecho ocurre apenas un día después de que la Fuerza Pública denunciara un atentado contra la vivienda de otro oficial en Ciudad Neily, Puntarenas, donde desconocidos dispararon contra su casa y su vehículo. En el parabrisas del auto fue dejada una nota manuscrita con una amenaza explícita: “Ya están advertidos, va a ser un baño de sangre”, acompañada de una lista con apellidos de al menos 15 policías destacados en la zona.
Las autoridades consideran que este ataque forma parte de una estrategia de intimidación por parte de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, en represalia por operativos recientes que han afectado sus rutas y estructuras logísticas.
Ciudad Neily, situada en una zona estratégica para el paso de droga entre Panamá y Costa Rica, ha sido identificada como un punto clave para el crimen transnacional.
El ministro Zamora advirtió que “no se tolerarán amenazas contra los cuerpos policiales” y que el Gobierno mantendrá la ofensiva contra estos grupos. “Estamos ante una amenaza real y creciente. Pero no vamos a retroceder”, aseveró.
Costa Rica en otro año violento
El asesinato de Martínez eleva la cifra de homicidios a 210 en lo que va del año, una estadística que proyecta a 2025 como otro año crítico en términos de violencia. En 2023, el país rompió su récord histórico con 907 asesinatos, atribuidos en gran parte a disputas entre bandas narco-criminales. En 2024 se registraron 880 homicidios y 30 desapariciones.
La escalada de violencia pone en jaque el modelo de seguridad civil costarricense, que se ha caracterizado históricamente por la ausencia de fuerzas militares. Expertos advierten que el país enfrenta un dilema cada vez más complejo: proteger a sus ciudadanos y a sus policías sin caer en una militarización que altere su tradición democrática.
Mientras tanto, los cuerpos de seguridad trabajan bajo presión creciente y riesgo constante. “La amenaza no es solo contra la policía, sino contra el Estado de derecho y la sociedad costarricense”, denunció Zamora.
