Costa Rica puso en marcha un plan extraordinario para reducir la mora en los trámites de refugio, en un intento por aliviar la presión que representa la llegada masiva de solicitantes de protección, en su mayoría nicaragüenses que han huido de la crisis política y de derechos humanos en su país desde 2018.
La estrategia la impulsa la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en coordinación con el Colegio de Abogados.
El plan contempla jornadas de revisión acelerada de expedientes con el apoyo de profesionales voluntarios.
Según explicó el viceministro de Gobernación y director de Migración, Omer Badilla Toledo, el objetivo es reducir en un 50 % los 39.000 casos con atrasos antes de finalizar 2025.
Lea además: Nicaragua: más de 300 religiosos católicos exiliados por dictadura Ortega Murillo
Éxodo sostenido desde 2018
Actualmente, el sistema migratorio costarricense registra 173,000 solicitudes pendientes de resolución, una cifra que refleja una disminución frente a los 220,000 expedientes acumulados en años anteriores.
Costa Rica se ha convertido en el principal destino para los nicaragüenses que huyen del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado por organismos internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad desder abril de 2018.
Según cifras oficiales, entre enero de 2018 y abril de 2025, el país centroamericano recibió 257,711 solicitudes de refugio de ciudadanos nicaragüenses, lo que equivale a casi el 5 % de la población total de Nicaragua.
Solo en el primer cuatrimestre de 2025 se registraron 8,973 nuevas solicitudes, un flujo constante que ha colocado a Costa Rica como uno de los países con mayor número de refugiados per cápita en el mundo.
Expedientes cerrados y ajustes presupuestarios
El plan extraordinario también incluye la depuración de casos sin seguimiento. De acuerdo con datos de la DGME, hasta abril de 2025 se cerraron 3,568 solicitudes declaradas inadmisibles por falta de requisitos.
Al menos otros 75,000 expedientes han sido archivados por abandono o porque los solicitantes emigraron a terceros países.
Badilla aseguró que los ajustes presupuestarios derivados de la reforma fiscal que prioriza la construcción de una megacárcel no afectarán la atención a migrantes.
“La unidad de refugio sigue trabajando con el apoyo de Acnur y del Banco Interamericano de Desarrollo. Lejos de debilitar la gestión, la estamos fortaleciendo”, declaró a medios locales.
Lea también: La dictadura nicaragüense convierte las desapariciones forzadas en una herramienta letal de su represión
Un reto regional
La situación refleja los desafíos que enfrenta Costa Rica, un país de 5,3 millones de habitantes con un historial de tradición humanitaria y de respeto al derecho internacional, pero que ha visto tensada su capacidad institucional por la magnitud del éxodo nicaragüense.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha reiterado que Costa Rica es un “país clave” en la protección de quienes huyen de la represión en Nicaragua, pero advierte que el sistema requiere mayores recursos y cooperación internacional para garantizar respuestas oportunas.
Además de nicaragüenses, el país ha recibido a venezolanos, cubanos y colombianos en busca de refugio.
