Costa Rica ha iniciado el 2025 con una preocupante cifra de homicidios que alcanza casi dos casos diarios, sumando 35 al 18 de enero, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las autoridades atribuyen gran parte de estos crímenes a disputas entre bandas de narcotráfico, mientras la violencia y la infiltración del crimen organizado amenazan instituciones del Estado.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, advirtió que el país podría registrar este año una cifra similar a la del año pasado, cuando se contabilizaron 880 homicidios, la más alta en la historia reciente.
En el programa radial “Punto de Encuentro”, Zúñiga reveló que al menos 10 diputados han requerido protección especial en los últimos dos años debido a amenazas del crimen organizado, algo inédito en el contexto costarricense y que recuerda a experiencias dramáticas ocurridas en Colombia y México.
La capital, San José lidera la lista de homicidios en lo que va del año, seguido por Limón, con nueve casos.
Puntarenas y Alajuela registran cuatro homicidios cada una, mientras Heredia suma dos y Guanacaste y Cartago uno respectivamente.
La mayoría de las víctimas tienen entre 18 y 49 años, y el arma de fuego es el principal medio utilizado en los crímenes.
Las autoridades señalan al microtráfico como un factor clave detrás de esta escalada de violencia.
Crimen organizado
Un aspecto que genera alarma es la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales.
Un juez costarricense está bajo prisión preventiva por vínculos con una organización criminal, lo que marca un preocupante precedente.
Además, jueces, fiscales y diputados han sido amenazados directamente por estas bandas, según detalló Zúñiga.
A la par, policías fueron asesinados en 2024 por sicarios del crimen organizado.
Para contrarrestar esta crisis, la Fiscalía General, en conjunto con el OIJ y la Policía de Control de Drogas, ha implementado el plan Escudo, que busca desarticular redes de narcotráfico y reducir el impacto del microtráfico.
Sin embargo, Zúñiga denunció que el Ministerio de Hacienda mantiene congelados 9.000 millones de colones (18 millones de dólares aproximadamente) asignados al presupuesto de seguridad, argumentando que estos fondos están destinados a controlar riesgos de deuda pública.
“El apoyo financiero es fundamental para continuar nuestras operaciones y evitar que las cifras de violencia sigan aumentando”, afirmó Zúñiga.
Costa Rica enfrenta un desafío que amenaza su histórica estabilidad y paz social desde 2021.
Las autoridades han reiterado su compromiso para combatir el crimen organizado, pero reconocen que los esfuerzos deben incluir recursos suficientes y estrategias de cooperación interinstitucional.
