Las autoridades de Costa Rica decomisaron este 9 de junio más de tres toneladas de cocaína ocultas en un contenedor con fruta fresca, con destino final en Países Bajos, en lo que representa el mayor decomiso registrado desde el inicio de la “Operación Soberanía”, informaron este lunes fuentes oficiales.
El hallazgo tuvo lugar en la Terminal de Contenedores de Moín, en la provincia caribeña de Limón (noreste), donde los oficiales detectaron el cargamento ilícito gracias al uso del escáner portuario.
El contenedor tenía como primera escala el puerto de Amberes, en Bélgica.
“Este decomiso marca un golpe contundente al crimen organizado y reafirma la eficacia de la estrategia de vigilancia en puertos”, señalaron voceros del Ministerio de Seguridad Pública.
La Operación Soberanía, activa desde julio de 2023, acumula más de 13 toneladas de cocaína incautadas en menos de un año.
Las autoridades se encuentran en proceso de verificar el peso exacto del alijo capturado este lunes.
Tercer decomiso en nueve días
Este golpe al narcotráfico es el tercero en lo que va del mes.
El pasado 5 de junio, una operación terrestre y aérea en el humedal Térraba-Sierpe, al sur del país, permitió el decomiso de 1.200 kilos de cocaína.
Las fuerzas combinadas, incluyendo la Policía de Control de Drogas, la Sección de Vigilancia Aérea y la Unidad Especial de Intervención (UEI), aún mantienen activa la operación para ubicar a los responsables.
“Esperamos agregar detenciones a este operativo, que sigue en desarrollo por aire, mar y tierra,” declaró el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien también destacó la cooperación con agencias de Estados Unidos en esa región fronteriza.
A estos decomisos se suma el realizado el domingo 1 de junio, cuando el Servicio Nacional de Guardacostas interceptó 950 kilos de droga en aguas del Pacífico costarricense.
Costa Rica, por su ubicación estratégica entre América del Sur y los mercados de consumo en Norteamérica y Europa, es un punto clave en las rutas del narcotráfico, pese a no ser productor de drogas.
Las autoridades mantienen un enfoque de interdicción activa y cooperación internacional para frenar estas actividades.
