En el centro de Costa Rica, una organización aparentemente benevolente, la Fundación Hogar Manos Abiertas, ha caído bajo la mirada escrutadora de las autoridades judiciales por presuntos delitos que van desde trata de personas y trabajo forzado hasta malversación y lavado de dinero.
La saga en desarrollo revela una compleja red de engaños, irregularidades financieras y posibles abusos que han planteado preguntas sobre la supervisión de los fondos públicos asignados a organizaciones altruistas.
Financiamiento del IMAS: ¿un manto de legitimidad?
Documentos obtenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) proporcionó más de $350,000 en equipamiento inmobiliario a la Fundación Hogar Manos Abiertas en Desamparados de Alajuela durante los últimos cinco años.
Este financiamiento, aprobado en un lapso de cuatro años, incluyó asignaciones para equipos médicos e industriales, lo que suscitó sospechas sobre las actividades de la organización.
En 2019, se destinaron $100,000 para equipos médicos e industriales, y una cantidad similar se asignó en 2021 para el Programa Camino, una iniciativa que data de 1998, dirigida a personas con discapacidad.
Según el IMAS, la Fundación ofrecía un papel fundamental en la prestación de servicios bajo este programa, mientras que el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis) brinda apoyo técnico y subsidios parciales.
El apoyo financiero continuó en 2022, con otros $100,000 dirigidos a equipos hospitalarios básicos y $60,000 adicionales para equipos de cocina.
Sin embargo, revelaciones recientes han expuesto a un empleado de la Fundación, identificado como Granados, a quien encontraron más de ₡140 millones (aproximadamente $280,000) en efectivo en una caja fuerte durante una búsqueda realizada por el OIJ.
Granados, uno de los cinco individuos detenidos durante las redadas del 5 y 6 de marzo, enfrenta acusaciones de malversación, peculado y tortura.
Denuncias criminales develadas: una revelación impactante
La investigación, documentada bajo el número de caso 23-00001-1869-PE, indaga en un sinnúmero de actividades delictivas.
Randall Zúñiga, director del OIJ, reveló que durante las redadas se descubrieron más de 7,000 billetes de ₡20,000 (unos $40) sin justificación o soporte, implicando a la Fundación en posibles delitos financieros.
Los cinco individuos detenidos, incluido un empleado de 52 años llamado Granados y cuatro mujeres que se hacían pasar por monjas se identificaron así: Rodríguez (54), Villalobos (44), Quirós (39) e Hidalgo (52), enfrentan cargos que van desde corrupción y malversación hasta presunto abuso físico y psicológico de menores bajo su cuidado.
“En el caso penal, estamos investigando a un grupo de personas que aparentemente se han dedicado a cometer actos de corrupción para desviar fondos públicos en efectivo para viajes personales y compras de tierras”, dijo Zúñiga.
“Los sospechosos presuntamente dieron legitimidad a estos fondos, a pesar de saber que provenían de actividades ilícitas”, afirmó el Ministerio Público.
Otra línea de investigación involucra presuntas torturas contra los menores de edad bajo la custodia de los acusados, lo que resultó en deterioro de la salud y la integridad física de niños, niñas y adolescentes.
Una fachada benévola destrozada
Fundada hace 33 años con la misión de ayudar a los indigentes, niños, adolescentes y ancianos con necesidades especiales, la Fundación Hogar Manos Abiertas ahora enfrenta acusaciones que contrastan radicalmente con sus objetivos filantrópicos iniciales.
Marlene Rodríguez Ugalde, de 54 años, presidenta de la organización, ha sido identificada por las autoridades como la cabecilla, orquestando un esquema que presuntamente desvió fondos públicos y sometió a individuos vulnerables a diversas formas de abuso.
Sin ser religiosa ni estar ligada a ninguna institución católica, la mujer se hacía pasar por una “rígida madre superiora”.
La Fundación, establecida inicialmente como una organización sin fines de lucro en 1991, atrajo fondos de diversas instituciones estatales en los últimos cinco años, ascendiendo a $12,7 millones.
Los fondos públicos fueron canalizados a través de entidades como la Junta de Protección Social, Conapdis, Patronato de la Infancia, IMAS y el Hospital de la Niñez.
Randall Zúñiga destacó preocupaciones sobre el mal uso de los fondos, indicando que una parte presuntamente se había utilizado para viajes internacionales y adquisiciones de bienes raíces, desencadenando una investigación sobre presunta malversación.
Prácticas engañosas descubiertas: falsas monjas y presunta explotación
La investigación descubrió una sorprendente dimensión de engaño dentro de las operaciones de la Fundación.
Las falsas monjas, dirigidas por la “madre superiora” Rodríguez, obligaban al personal a posar como profesionales médicos, con batas blancas, azules o verdes, durante las visitas de las autoridades estatales para crear una ilusión de legitimidad y profesionalismo en los servicios.
Zúñiga explicó que la denuncia se originó de reclamos de mujeres pobres y vulnerables que se identificaron como “novicias” que aspiraban a convertirse en monjas, quienes, después de años de servicio, se dieron cuenta de que estaban trabajando sin salario debido a un “voto de pobreza”.
Las desilusionadas “novicias” afirmaron que, en ocasiones, se les instruía usar vestimenta específica para engañar a los funcionarios estatales supervisores y que, ante quejas o reclamos por la explotación laboral, eran castigadas con encierros o amenazadas de ser lanzada a las calles.
“Me cobraban hasta las toallas sanitarias y había fines de semana en que nos obligaban a limpiar casas enormes sin darnos más que un tiempo de comida al día. Ahora nos damos cuentas que esas mansiones son de los socios de la fundación”, dijo a OIJ “Marlene”, una de las denunciantes bajo condición de protección especial.
El director del OIJ enfatizó la gravedad de la situación, señalando que las actividades de la Fundación involucraban el cuidado de menores y ancianos, algunos en fase terminal.
Supuestamente, los acusados sometieron a los menores a inmersiones en agua fría y exposición prolongada al sol; negaban medicina a los ancianos o reducían sus raciones de alimentos.
¿Por qué nadie investigó antes?
Las preguntas sobre los mecanismos de supervisión y la asignación de fondos públicos han cobrado prominencia a medida que continúan surgiendo revelaciones.
La participación de nueve instituciones públicas en la investigación, incluidos policías y fiscales contra la Trata de Personas, señala la gravedad de las acusaciones contra la Fundación.
El Patronato Nacional de la Infancia y la organización defensora de personas con discapacidad, entre otros, desempeñaron roles fundamentales en la operación conjunta, reflejando un esfuerzo coordinado para abordar posibles violaciones de derechos humanos y conducta financiera indebida.
A medida que avanza la investigación, los individuos detenidos esperan la resolución de medidas precautorias, mientras que las operaciones de la Fundación permanecen bajo escrutinio de las autoridades judiciales.
El PANI ha intervenido para supervisar las funciones de la organización, garantizando el cuidado de menores y ancianos durante este período crítico.
Un escándalo revelado
El caso de las “estafadoras disfrazadas de monjas” expuso, a criterio de la OIJ, una realidad angustiosa “debajo del barniz de la filantropía”.
Lo que alguna vez fue concebido como un refugio para los vulnerables ahora enfrenta acusaciones de mal manejo financiero, explotación y abuso.
A medida que avanza la investigación judicial, las implicaciones más amplias para los mecanismos de supervisión y la asignación de fondos públicos a organizaciones sin fines de lucro cobran protagonismo, planteando preocupaciones sobre la posibilidad de que casos similares ocurran en otras organizaciones civiles.
