La política migratoria de Estados Unidos está cruzando nuevas fronteras. Un reciente acuerdo con Costa Rica confirma que Washington está negociando con terceros países para recibir migrantes deportados. Esta estrategia incluye incentivos económicos y diplomáticos, según revelaciones del The New York Times.
El convenio firmado el 23 de marzo permite a Estados Unidos trasladar hasta 25 personas por semana al territorio costarricense. Principalmente, se trata de migrantes de terceros países que no pueden ser devueltos a sus lugares de origen.
Este tipo de acuerdos responde a una limitación clave para Washington. Es la imposibilidad de deportar a ciertas personas debido a riesgos de persecución en sus países. Por lo tanto, se ve obligado a buscar destinos alternativos.
Pero el movimiento no es aislado. Según el reportaje citado, Estados Unidos ha desplegado una estrategia global en la que ofrece beneficios a cambio de cooperación migratoria.
Entre los incentivos se incluyen transferencias económicas, financiamiento para fuerzas de seguridad, apoyo en servicios públicos, flexibilización de visas y hasta reducción de aranceles comerciales.
El modelo ya tiene antecedentes. En El Salvador, por ejemplo, la aceptación de migrantes deportados estuvo acompañada de millones de dólares en apoyo y mejoras en su calificación de seguridad internacional.
En otros casos, como Guinea Ecuatorial, los beneficios incluyeron el levantamiento de sanciones a figuras políticas y transferencias por al menos 7,5 millones de dólares.
Incluso en la República Centroafricana, Estados Unidos destinó cerca de 85 millones de dólares para programas vinculados a migración, incluyendo infraestructura para albergar deportados.
Sin embargo, el esquema genera preocupación. Muchos migrantes son enviados a países con los que no tienen vínculos, lo que puede derivar en situaciones de vulnerabilidad, detención o condiciones precarias.
En el caso de Costa Rica, el acuerdo establece que el país podrá aceptar o rechazar cada traslado, pero deberá responder “sin demora”. Esto marca un equilibrio delicado entre soberanía y presión diplomática en una política migratoria que se vuelve cada vez más internacionalizada.
