Costa Rica se encuentra sumergida en una ola creciente de delitos cibernéticos, con un impacto significativo en su economía y seguridad ciudadana, según han admitido las autoridades.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica ha registrado más de 9,000 denuncias de estafas informáticas en lo que va del año, superando los 1,200 millones de colones ($2.2 millones) en pérdidas, lo que resalta la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el fraude digital.
Esta cifra representa un aumento considerable en comparación con el año anterior, donde se reportaron pérdidas por 4,700 millones de colones ($8.86 millones) en fraudes informáticos.
Randall Zúñiga, director del OIJ, destacó la gravedad de la situación en una comparecencia ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, señalando que el monto sustraído equivale a un 25 % del presupuesto del Poder Judicial en un año y supera los recursos anuales del OIJ.
Vacían cuentas de miles de familias
Zúñiga enfatizó la magnitud del problema, indicando que la cantidad robada a los costarricenses es “tremenda”, afectando principalmente a familias y adultos mayores, quienes son más susceptibles a caer en engaños.
“Es que es la cantidad de dinero que le están quitando a los costarricenses en la actualidad es tremenda, están vaciando las cuentas, a familias, a adultos mayores que son los más atacados porque son los que tal vez tienen precaución o menos resguardo o podrían caer más fácilmente en el engaño y entonces todo el dinero que han ahorrado de una vida para retirarse y se los quitan los delincuentes en segundos”, explicó.
“En cantidad de colonias que se han robado en este periodo 85,505 millones de colones, que son millones de colones, y se han robado 53 millones de dólares; ya cuando usted suma todo esto lo pasa a colones le da una cifra 120,000 millones, sólo para que tenga una idea esto equivale a una prácticamente una cuarta parte del presupuesto del poder judicial de un año”, detalló.
Turbio panorama regional
La situación en Costa Rica es un reflejo de un problema regional más amplio, donde la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades locales son esenciales para combatir la creciente ola de ciberdelincuencia.
El dato de las pérdidas se da en el marco de la implementación de Costa Rica de la tecnología 5G, proceso que demanda garantías de seguridad y transparencia de las empresas participantes, de las cuales se ha excluido a la china Huawei, al no ser firmante del Tratado de Budapest.
El panorama de las estafas digitales en Costa Rica refleja una preocupación creciente en la región latinoamericana y el Caribe.
Según datos de GI-TOC, Brasil y México encabezan la lista de países con el mayor impacto de crímenes ciberdependientes en América Latina y el Caribe.
Países como Honduras, Ecuador y Panamá también muestran valores alarmantes, superando el índice de 6.00.
Amenaza creciente
Este incremento se atribuye al crecimiento exponencial del acceso a internet y al uso de dispositivos móviles en la región, así como a la falta de legislación adecuada y las capacidades limitadas de las fuerzas de seguridad contra la ciberdelincuencia, dejando a muchos países vulnerables a estos ataques.
Las economías más desarrolladas son particularmente atractivas para los ciberdelincuentes debido a la mayor cantidad de transacciones financieras y datos valiosos en línea.
En respuesta a esta amenaza, varios países han comenzado a establecer acuerdos bilaterales y multilaterales para compartir información y estrategias en torno a la ciberseguridad.
Un ejemplo es el Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe, con sede en República Dominicana y financiado por la Unión Europea, que pretende brindar entrenamiento y coordinar ejercicios de respuesta conjuntos.
