Costa Rica registra una sobrepoblación carcelaria del 29,5 %, la más alta en más de diez años, según revela el Informe Anual de Labores 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), presentado este 4 de agosto por la Defensoría de los Habitantes.
El informe advierte que, al 31 de marzo de 2025, la densidad carcelaria del país es de 129,5 personas por cada 100 espacios disponibles.
En términos absolutos, el sistema penitenciario costarricense tiene capacidad para alojar a 13.666 personas, pero actualmente alberga a 17.692.
Este crecimiento representa un cambio drástico frente a los años anteriores. En 2022, la sobrepoblación era del 6,5 %; en 2023 subió al 12,6 %, y en 2024 alcanzó el 18,4 %.
“Casi una tercera parte de las personas en centros de adaptación institucional (CAI) ya constituye un exceso sobre la capacidad instalada”, señala el documento.
El MNPT, adscrito a la Defensoría y creado como parte de los compromisos internacionales asumidos tras la ratificación de la Convención contra la Tortura de la ONU, destaca que esta situación se agrava en algunos centros específicos, lo que convierte el problema en una cuestión de “focos de gravedad”.
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Escenarios alarmantes
El CAI Marcus Garvey, ubicado en la provincia de Limón, por ejemplo, duplica su capacidad instalada, mientras que el CAI Vilma Curling Rivera, que alberga a mujeres privadas de libertad, presenta por primera vez una sobrepoblación del 6,6 %.
Además, módulos regionales diseñados para mujeres “no fueron abiertos, o están siendo utilizados para otros fines”, agrega el informe.
En el nivel más crítico, el institucional masculino, el hacinamiento alcanza el 42,9 %. A esto se suma un aumento significativo en la población en prisión preventiva, que pasó de 2.564 personas en 2022 a 3.993 en 2025, representando actualmente el 22,85 % del total de la población penitenciaria.
El informe también señala que, entre 2017 y 2024, el sistema había mostrado estabilidad e incluso decrecimiento, pero en 2025 la población privada de libertad aumentó un 8,39 %, la tasa más alta desde 2013, cuando se registró un crecimiento del 11 %.
En contraste, el Nivel Semi Institucional, que atiende a personas en regímenes más flexibles, como trabajo comunitario o salidas controladas, continúa en descenso: de 4.909 personas en 2016, pasó a 1.585 en 2025.
El MNPT concluye que el sistema penitenciario costarricense enfrenta un “escenario alarmante” y urge medidas integrales para evitar que el hacinamiento derive en tratos crueles o degradantes, en contravención a los estándares internacionales de derechos humanos.
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Violencia e inseguridad al alza en seis años
En la última mitad de década Costa Rica, otrora considerada una de las naciones más pacíficas de América Latina, ha experimentado un deterioro notable en sus índices de violencia.
En 2023 registró un récord de más de 900 homicidios, con una tasa de 17,2–17,3 por cada 100.000 habitantes, duplicando la de 2013 y convirtiéndose en el año más violento en la historia del país..
Para julio de 2025 ya se habían superado los 500 homicidios, con proyección de cerrar el año entre 850 y 900, confirmando que la violencia no da tregua.
La mayoría de estos homicidios están vinculados a disputas entre bandas por control territorial y rutas del narcotráfico; el 79 % involucra armas de fuego y el 74 % tiene origen en conflictos entre organizaciones criminales.
Los jóvenes son especialmente afectados: el 54 % de los hombres asesinados tenía menos de 35 años, según estudios del Observatorio Económico y Social de la UNA. Además, hay un preocupante aumento de homicidios de “bystanders”, personas ajenas a los conflictos armados que resultan víctimas colaterales en zonas donde operan los grupos criminales
