Las autoridades costarricenses desmantelaron este martes una célula local de una organización dedicada al tráfico de migrantes desde Ecuador hasta Estados Unidos, que cobraba a cada migrante alrededor de 14.000 dólares.
La Policía Profesional de Migración (PPM) efectuó 18 allanamientos en San José, Heredia, Los Chiles y algunas comunidades fronterizas con Panamá, logrando la detención de 17 sospechosos de integrar esta banda criminal, cuyas identidades aún no han sido reveladas.
“Los líderes de la organización en Costa Rica, ahora detenidos, eran los encargados de coordinar y ejecutar el tráfico ilícito de migrantes con más integrantes cuyas funciones eran las de trasladar a las personas migrantes, alojarlas y ocultarlas hasta su salida del país”, informó la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
La PPM logró identificar a 101 personas de diversas nacionalidades, entre ellas Siria, Egipto, México, Colombia, Haití, India, Ecuador, China y Nicaragua, que habían sido objeto del tráfico ilícito.
La DGME explicó que esta red operaba desde Ecuador hasta Estados Unidos, utilizando rutas por tierra, mar y aire, con contactos en los distintos países de tránsito para coordinar la captación, alojamiento y traslado de los migrantes.
En Costa Rica, los líderes de la organización alojaban a los migrantes en casas y hoteles mientras se organizaba su traslado a la frontera norte. Utilizaban autobuses públicos y taxis para llevarlos hasta Los Chiles, en la frontera con Nicaragua.
En ese país, el Estado les facilita el camino ilegal a Estados Unidos a cambio de multas y coimas que benefician al régimen dictatorial de la familia Ortega-Murillo.
La banda cobraba alrededor de 14.000 dólares por migrante, dependiendo de la ruta utilizada para llegar a Estados Unidos.
La investigación comenzó en enero de 2023 y reveló la complejidad de la operación criminal que abarcaba varios países y métodos de transporte.
Los migrantes eran captados al ingresar irregularmente a Costa Rica desde Panamá y llevados a casas y hoteles hasta que se coordinaba su traslado hacia Nicaragua.
El operativo, dirigido por la Fiscalía de Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada, contó con la participación del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de la Presidencia y el Organismo de Investigación Judicial.
Además, hubo colaboración de la Policía Nacional de Panamá, la Fiscalía de Delincuencia Organizada de Panamá y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Este operativo en Costa Rica se suma a otro realizado por Panamá el pasado 24 de julio, en el cual se efectuaron 12 allanamientos y 8 detenciones.
