La mina a cielo abierto de Crucitas, ubicada en Cutris de San Carlos, en la provincia de Alajuela, a unos 140 kilómetros al norte de San José, y a menos de 120 kilómetros de Managua, capital de Nicaragua, ya no es solo una herida ambiental: es ahora un epicentro de crimen organizado, contrabando de oro y pérdidas millonarias que rebotan hasta el mercado negro internacional.
Este lunes, en una reveladora comparecencia ante la Comisión de Alajuela en la Asamblea Legislativa, las máximas autoridades de seguridad pública encendieron las alarmas: Crucitas está en manos de mafias.
Y detrás de ellas, según sospechas oficiales, podría haber apoyo subterráneo desde Nicaragua.
“Ya no son coligalleros. Hay una mafia organizada extrayendo oro a nivel industrial, con túneles de hasta 14 metros que alcanzan las betas madre”, denunció Mario Zamora, ministro de Seguridad, al revelar que las estructuras criminales en la zona han sofisticado sus operaciones al nivel de las bandas internacionales.
El viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, no se quedó corto: advirtió que controlar el caos generado por el oro ilegal demanda entre 30 y 40 millones de colones mensuales (aproximadamente de 60,000 dólares a 80,000); además de más de 50 oficiales permanentemente apostados en una batalla diaria contra el tráfico de material aurífero.
Una mina de oro… para el crimen organizado
La situación descrita va mucho más allá de unos cuantos buscadores de fortuna: Crucitas, clausurada hace más de una década tras una polémica ambiental, albergaría al menos un millón de onzas de oro constatado, equivalentes a unos 2.700 millones de dólares al precio internacional actual, y posiblemente mucho más.
“Constatado hay un millón de onzas, pero sabemos que es bastante más”, dijo Ronny Rodríguez, viceministro de Ambiente, mientras señalaba en la Asamblea que dos cerros completos de Cutris contienen oro en vetas superficiales de entre 20 y 30 metros de profundidad.
Solo el oro ya saqueado de manera ilegal en Crucitas —calculado de manera preliminar— rondaría los 200 millones de dólares en los últimos años, gran parte de los cuales habría salido de Costa Rica hacia Nicaragua, esquivando toda fiscalización, impuestos o control ambiental, según afirmaron las autoridades.
“Estamos viendo operaciones que implican extracción, traslado de tierra aurífera, procesamiento en otros puntos del país y luego contrabando del oro extraído”, relató el director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, al describir cómo los cargamentos se mueven en la oscuridad por carreteras rurales y puntos ciegos fronterizos.
¿Nicaragua en el espejo?
Aunque los jerarcas fueron cautelosos en sus declaraciones públicas, fuentes de seguridad revelaron en privado a legisladores que existen sospechas fundadas de que redes en Nicaragua —amparadas o toleradas por autoridades locales— estarían recibiendo, procesando y canalizando parte del oro robado desde Costa Rica.
El ministro Zamora no nombró a Nicaragua directamente en su exposición, pero subrayó la “complejidad transnacional de las estructuras que operan en Crucitas”: “Son mafias que conocen el terreno, que operan de forma sistemática, con logística, túneles, cuadrillas armadas y conocimiento geológico avanzado”.
La crisis ha escalado tanto que las autoridades costarricenses piden ahora a gritos apoyo legislativo: una ley que permita la extracción legal, regulada y segura del oro en Crucitas mediante concesiones transparentes y pagos de regalías superiores al 7% para el Estado.
“El proyecto de ley no solo es urgente para frenar el crimen organizado, sino para recuperar para Costa Rica los miles de millones de dólares que hoy mismo están siendo extraídos”, exhortó Zamora.
Una mina clausurada, una bomba de tiempo
Crucitas es un símbolo del fracaso ambiental de Costa Rica para resolver su dilema minero: clausurada hace 14 años tras una intensa batalla legal y ambiental, quedó abandonada… hasta que el crimen organizado vio la oportunidad perfecta.
Ahora, con el precio internacional del oro disparándose hacia cifras récord, los grupos ilegales han encontrado en Cutris su El Dorado particular: cada gramo arrancado del suelo representa una fortuna que financia armas, contrabando y redes criminales.
Mientras la Asamblea Legislativa discute el futuro de Crucitas en medio de presiones políticas, las mafias ya tomaron una decisión: seguirán perforando la tierra costarricense, túnel a túnel, onza a onza, mientras las autoridades corren contra el tiempo para no perder —literalmente— el tesoro bajo sus pies.
