Costa Rica dio un paso significativo en su lucha contra el crimen organizado, al aprobar un proyecto de ley que permitirá la extradición de ciudadanos costarricenses implicados en delitos de narcotráfico y terrorismo.
Este avance prepara el terreno para que la propuesta sea discutida en el plenario de la Asamblea Legislativa.
El proyecto busca modificar el artículo 32 de la Constitución Política de Costa Rica para incluir una excepción a la prohibición de extraditar ciudadanos costarricenses.
La nueva redacción propuesta establece que: “Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional salvo que, en caso de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.
El legislador Horacio Alvarado subrayó que la Asamblea Legislativa tiene la autoridad para implementar esta reforma, según lo dispuesto en los artículos 195 de la Constitución y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Alvarado destacó que la modificación no implica una limitación de los derechos fundamentales, sino que introduce una garantía limitada que puede ser razonablemente restringida en casos de extrema gravedad como el narcotráfico y el terrorismo.
Paulina Ramírez, otra legisladora a favor de la reforma, argumentó que la extradición es un mecanismo jurídico crucial de cooperación internacional y una herramienta efectiva para combatir la impunidad.
“Es una figura diseñada para luchar contra la impunidad y sancionar conductas delictivas”, afirmó Ramírez.
Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), también mostró su apoyo tras recibir explicaciones de expertos legales que confirmaron la viabilidad de la reforma mediante el mecanismo de reforma parcial.
“No veo mal que una persona que haya cometido un feminicidio en Estados Unidos y se venga a refugiar aquí por ser costarricense, pueda ser extraditada”, dijo Feinzaig.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, calificó la aprobación en la comisión como un paso relevante y enfatizó la necesidad de continuar con el proceso legislativo para que la reforma sea una realidad.
“Es un paso importante, pero no debemos quedarnos aquí. Es importante que, una vez se dé la primera votación, el proyecto sea consultado a la Sala Constitucional y posteriormente ratificado en segundo debate”, indicó Zamora.
La Procuraduría General de la República (PGR) también se pronunció a favor de la reforma, destacando su necesidad para la seguridad jurídica y sugiriendo que se realice sobre el artículo 31 de la Constitución, que trata específicamente de la extradición.
Para que la modificación constitucional sea efectiva, deberá ser aprobada en dos debates y contar con al menos 38 votos en la Asamblea Legislativa, dada su naturaleza de reforma constitucional.
En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado un aumento significativo en la actividad delictiva, particularmente en el ámbito del narcotráfico y el crimen organizado.
Según informes recientes, el país ha sido utilizado como una ruta de tránsito para el tráfico de drogas, lo que ha llevado a un incremento en la violencia y los homicidios relacionados con el narcotráfico.
El Ministerio de Seguridad Pública ha reportado un aumento en los decomisos de drogas y armas, así como en los arrestos de individuos vinculados a redes criminales.
También ha aumentado dramáticamente la cifra de homicidios y atentados vinculados a sicarios y bandas del crimen organizado, incluyendo el dato histórico de 907 homicidios en 2023.
El gobierno costarricense ha implementado diversas estrategias para combatir este flagelo, incluyendo operativos policiales y cooperación internacional con agencias de otros países.
Sin embargo, la complejidad y el alcance del crimen organizado han resaltado la necesidad de medidas adicionales, como la reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales implicados en delitos graves.
La propuesta de extradición busca fortalecer la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo, asegurando que los individuos que cometan estos delitos puedan ser juzgados en jurisdicciones que cuentan con los recursos y la infraestructura para procesar casos de alta complejidad.
