La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate un proyecto de ley que tipifica y sanciona con mayor severidad el delito de sicariato, en respuesta al aumento de este crimen vinculado al narcotráfico y al crimen organizado en los últimos años.
La iniciativa, presentada por el partido Nueva República, recibió el respaldo de 39 diputados de los 57 que conforman el Congreso unicameral.
El texto establece penas de entre 20 y 40 años de cárcel para quienes maten a otra persona por encargo o a cambio de dinero, superando la sanción actual de hasta 35 años prevista para el homicidio calificado.
Penas adicionales y nuevos artículos
El proyecto, identificado como Ley 24.047 o “Ley contra el sicariato”, adiciona los artículos 112 bis y 280 bis al Código Penal.
Además de la sanción directa al autor material, contempla castigos de entre 3 y 5 años de prisión para quienes promuevan, financien, ofrezcan o impartan entrenamientos relacionados con esta práctica criminal.
De aprobarse en segundo debate, la reforma se publicará en el diario oficial La Gaceta y entrará en vigencia como ley de la República.
La redacción aprobada indica:
“Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta años a quien, en razón de pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona por promesa remuneratoria o encargo”.
Debate político y técnico
La aprobación fue celebrada en el Congreso como un paso firme contra la violencia, pero algunos juristas y analistas cuestionan si el aumento de las penas tendrá un efecto real en la reducción del fenómeno.
Argumentan que el sicariato se alimenta de redes ligadas al narcotráfico internacional y que, en la práctica, los tribunales suelen imponer sanciones mínimas.
Costa Rica ha enfrentado un repunte en homicidios durante la última década, con tasas que superaron los 17 por cada 100.000 habitantes en 2023, las más altas de su historia reciente.
El Ministerio de Seguridad y la Fiscalía han atribuido gran parte de esa violencia a disputas entre organizaciones criminales que operan como carteles locales y transnacionales.
La votación definitiva se prevé en las próximas semanas y, de aprobarse, Costa Rica se sumará a los países de la región que han optado por endurecer sus leyes frente al sicariato.
