El Gobierno de Costa Rica celebró este miércoles la firma de una reforma constitucional que permitirá por primera vez la extradición de ciudadanos costarricenses acusados de narcotráfico y terrorismo, en una medida considerada histórica por las autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos.
La reforma, que modifica el artículo 32 de la Constitución Política, fue presentada oficialmente durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente Rodrigo Chaves, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Michael Flores, quien destacó el alcance internacional de la decisión.
“La extradición es una herramienta clave para combatir el crimen organizado y representa una señal de confianza y responsabilidad compartida entre nuestros países”, subrayó Flores, al tiempo que felicitó a los tres poderes del Estado costarricense por su papel en la aprobación de la enmienda.
Hasta ahora, Costa Rica prohibía constitucionalmente la extradición de sus nacionales, lo que había generado obstáculos en casos de crimen transnacional y cooperación judicial con otros países. Con la nueva reforma, se habilita esta posibilidad bajo parámetros específicos relacionados con delitos de alta gravedad como el narcotráfico y el terrorismo.
La decisión llega en un momento en que el país enfrenta crecientes desafíos relacionados con el crimen organizado. Solo en 2023, Costa Rica alcanzó una cifra récord de homicidios vinculados a disputas entre grupos criminales, lo que encendió las alarmas sobre el avance del narcotráfico en territorio nacional.
La reforma constitucional fue aprobada en segundo debate por la Asamblea Legislativa el pasado 7 de mayo con amplio respaldo político y ha sido considerada por el Poder Ejecutivo como un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del país.
“Este es un mensaje claro de que Costa Rica no será refugio de criminales”, aseguró el presidente Chaves, quien reiteró el compromiso de su administración con la cooperación internacional y la defensa del Estado de derecho.
La Embajada de Estados Unidos expresó su respaldo total a la iniciativa, subrayando que fortalecerá la lucha conjunta contra el crimen organizado y contribuirá a la seguridad regional.
