La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la jueza costarricense Nancy Hernández, denunció este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el “desacato abierto y sistemático” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las resoluciones del tribunal, lo cual —advirtió— constituye una “violación estructural del orden jurídico interamericano”.
La comparecencia de Hernández tuvo lugar en el marco del caso Juan Sebastián Chamorro y otros vs. Nicaragua, uno de los más emblemáticos en la historia reciente de la región por sus implicaciones de represión política, exilio forzado, despojo de derechos fundamentales y desaparición jurídica de ciudadanos considerados “enemigos” del régimen.
“El desacato del Estado de Nicaragua representa una erosión al tejido normativo y una violación estructural del orden jurídico interamericano”, declaró la magistrada.
La Corte Interamericana de DDHH denuncia ante la OEA el desacato de la dictadura a las resoluciones de la Corte. Es una violación que requiere una respuesta de la OEA y de los países. En particular, la protección de 122 nicaragüenses protegidos por las resoluciones. pic.twitter.com/RgfQcKUL4z
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) April 23, 2025
A pesar de haber formalizado su salida de la OEA en noviembre de 2023, Nicaragua sigue vinculada a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que sus obligaciones internacionales en esta materia se mantienen vigentes.
Brutalidad estatal
Desde junio de 2021 hasta marzo de 2025, la Corte-IDH ha emitido 19 resoluciones de medidas provisionales a favor de 122 personas, en su mayoría opositores políticos y presos de conciencia, sin que el Estado haya cumplido ninguna de ellas.
Al menos 15 beneficiarios de esas medidas continúan encarcelados en condiciones que la Corte calificó como “extremas”, sin justificación penal legítima y en un contexto de represión política generalizada.
Hernández recordó que el régimen no ha enviado ningún informe sobre el cumplimiento de estas resoluciones, ni compareció a la audiencia pública convocada por la Corte el pasado 4 de febrero.
“Esto evidencia una política deliberada de desacato y desconocimiento de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos”, afirmó.
Uno de los puntos más graves señalados por la presidenta del tribunal fue la práctica de lo que denominó una “muerte civil” contra opositores: expulsión forzada del país, revocación de la nacionalidad, confiscación de bienes, cancelación de títulos profesionales, nulidad de registros civiles e imposibilidad de acceder a documentos de identidad.
“Esto ha provocado condiciones de apatridia y extrema vulnerabilidad”, subrayó Hernández.
Crímenes de lesa humanidad de Ortega Murillo
El caso de Juan Sebastián Chamorro, junto a los de otros 106 opositores encarcelados, posteriormente desterrados y despojados de su nacionalidad, es representativo de la escalada autoritaria del régimen Ortega Murillo.
Desde abril de 2018, la familia dictatorial ha intensificado la persecución contra toda forma de disidencia, incluidas figuras políticas, periodistas, sacerdotes, estudiantes, empresarios y defensores de derechos humanos, acciones calificadas por expertos de Naciones Unidas como crímenes de lesa humanidad.
La comparecencia de la Corte-IDH se realizó a solicitud de las misiones permanentes de Chile y Canadá, países que actúan como facilitadores del Grupo Voluntario para el Seguimiento de la Situación de Nicaragua en el seno de la OEA.
La delegación chilena cuestionó enérgicamente la ineficacia de los mecanismos internacionales frente al desacato persistente de un Estado miembro. “¿Qué hacemos cuando el desacato de un Estado deja a las víctimas en la más rotunda desprotección?”, preguntó con vehemencia su representante.
Nicaragua bajo la barbarie sandinista
Por su parte, Canadá instó a la comunidad internacional a reforzar su apoyo a las víctimas y a las organizaciones nicaragüenses que siguen documentando la crisis de derechos humanos desde el exilio o bajo condiciones de censura extrema dentro del país.
“Existe gran necesidad de apoyar a medios independientes y a organizaciones civiles que mantienen viva la denuncia frente a esta tragedia humanitaria”, dijo su representante.
La crisis en Nicaragua ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales.
Desde 2018, el régimen ha cerrado más de 3.000 organizaciones civiles, clausurado medios de comunicación, ilegalizado todos los partidos opositores y consolidado un sistema de represión con control total sobre el poder judicial, el parlamento y las fuerzas de seguridad.
Más de 800,000 personas han huido del país, y al menos 300 opositores permanecen encarcelados o en paradero desconocido, según organizaciones de derechos humanos.
La Corte-IDH concluyó que Nicaragua se encuentra en un estado de violación sostenida de sus compromisos internacionales y llamó a los Estados miembros de la OEA a tomar acciones urgentes y colectivas para restaurar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
