La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, comunicó que el próximo 18 de noviembre emitirá su sentencia sobre el caso de los pueblos indígenas contra el Estado de Nicaragua, por las fallidas pretensiones de la dictadura sandinista de construir un canal interoceánico
La audiencia del caso denominado “Pueblos Rama y Kriol vs. Nicaragua”, se realizará tanto de manera presencial como virtual, en lo que se considera un fallo clave sobre los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua afectadas por el fallido proyecto del Gran Canal Interoceánico.
El caso fue presentado en 2014, cuando las comunidades Rama y Kriol denunciaron al Estado nicaragüense por violaciones a sus derechos territoriales, alegando que las leyes que autorizaban el canal (Leyes No. 800 y No. 840) fueron promulgadas sin su Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
Este megaproyecto, concebido en 2013 y concesionado a la empresa china HKND Group, incluía una ruta que atravesaría el 52 % de tierras indígenas, incluidas áreas de gran biodiversidad como la Reserva Biológica Indio-Maíz.
A pesar de las críticas nacionales e internacionales por los riesgos ambientales y culturales del canal, las comunidades afectadas denuncian que el Estado de Nicaragua no las consultó ni respetó sus derechos territoriales.
También alegan que el gobierno intentó imponer un gobierno paralelo en el Territorio Rama y Kriol, y firmó un supuesto convenio de arrendamiento perpetuo de 263 kilómetros cuadrados de tierras indígenas sin obtener el CLPI requerido, según los demandantes.
En mayo de 2024, el Estado de Nicaragua derogó la Ley No. 840, que otorgaba la concesión del canal, luego de años de protestas y demandas legales, pero las comunidades indígenas y afrodescendientes consideran que esta medida es insuficiente para reparar los daños sufridos en la última década.
Entre 2012 y 2020, líderes de las comunidades Rama y Kriol presentaron 20 recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que fueron desestimados, lo que motivó a las comunidades a llevar el caso ante la Corte IDH.
Su objetivo es obtener justicia y protección para sus territorios, así como el reconocimiento de sus derechos a la consulta y autodeterminación.
El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle han representado a los pueblos Rama y Kriol en este proceso ante la Corte IDH.
Estos organismos esperan que el fallo establezca un precedente sobre el respeto al CLPI y los derechos de los pueblos indígenas en toda América Latina.
La sentencia podría implicar reparaciones para las comunidades afectadas, así como nuevas recomendaciones sobre la protección de los territorios indígenas y el respeto a sus autoridades y decisiones.
Asimismo, la decisión podría contribuir a reforzar el derecho de las comunidades originarias en toda la región a ser consultadas y a tener voz sobre los proyectos de desarrollo que las afectan.
