El Ministerio de Salud confirmó que una auditoría interna detectó pagos irregulares por 16 millones 800 mil quetzales (más de $2.1 millones) en el Hospital Roosevelt. Según la investigación, se autorizaron desembolsos por obras y servicios que no fueron ejecutados, lo que ya fue denunciado ante el Ministerio Público (MP).
Rubén Ramos, de la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Salud, explicó que en este proceso se “obviaron los mecanismos de cotización y licitación” y que, en su lugar, se fraccionaron compras para autorizar adjudicaciones directas.
“No se prestaron los servicios o se simuló la prestación de los mismos, pero aún así se hicieron los pagos”.
Los presuntos responsables incluyen a representantes legales de las empresas contratadas, funcionarios y empleados del hospital. Entre los delitos investigados figuran fraude, peculado, pacto colusorio y abuso de autoridad.
Ramos subrayó que estas prácticas no fueron casos aislados, sino un patrón que se replicó en varias dependencias durante la administración pasada.
La denuncia recuerda un caso similar en el Hospital General San Juan de Dios, presentado en mayo, donde también se detectó un esquema de corrupción con un perjuicio de 10 millones de quetzales (equivalentes a $1.3 millones).
En ambos casos se identificaron compañías que participaron en contratos irregulares, con Blezz, S.A.; Grupo Escaparate, S.A.; Mecánica Industrial; Consultoría Porfesional. S.A. y Spenwell Construcciones S.A. En el caso del Roosevelt, se sumó la empresa Proseinco.
Aseguran que se estableció un modelo de corrupción
El jefe de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, afirmó que se trata de un modelo continuado y bien estructurado. “Vemos los mismos modos de operación: falsas necesidades, fraccionamientos de compras, servicios comprobables y la participación de empresas vinculadas con los responsables de las adjudicaciones”, señaló.
Flores agregó que la CNC emitió 13 lineamientos para reforzar los procesos de contratación y evitar que repitan prácticas como las compras directas injustificadas y la discrecionalidad en adjudicaciones. “El enfoque no solo es detectar y denunciar robos, sino también prevenir que estos patrones se instalen nuevamente”, remarcó.
Con estas denuncias, se abren un nuevo capítulo en el combate a la corrupción en Guatemala, un país donde los casos de desfalco en hospitales públicos impactan directamente a la población más vulnerable de Centroamérica, que depende de un sistema de salud ya debilitado por la falta de recursos.
