El contralor general de Panamá, Anel Flores, calificó como “un gran triunfo para la República de Panamá” el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión declaró inconstitucional el contrato del PPC relacionado con la concesión portuaria.
Según Flores, el fallo marca “un antes y un después” en la relación del país con sus puertos.
Además, afirmó que el Estado retoma la responsabilidad directa sobre estos bienes estratégicos.
Este pronunciamiento judicial, agregó, fortalece la institucionalidad y el respeto al Estado de derecho en Panamá.
También redefine el manejo de los puertos panameños bajo criterios de interés público.
#Nacional | El contralor general de la República, Anel Flores, calificó como “un gran triunfo para la República de Panamá” el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato del PPC sobre la concesión portuaria. Según Flores, la decisión marca “un antes y un… pic.twitter.com/BHFpvr9Bfv
— Radio Panamá (@radiopanama) January 30, 2026
Resalta impacto institucional del fallo
El contralor explicó que la decisión devuelve al Estado el control sobre la concesión portuaria.
Subrayó que los puertos representan activos clave para la economía nacional.
De acuerdo con Flores, el fallo de la Corte Suprema confirma que el proceso siguió los canales legales establecidos.
Por ello, insistió en que Panamá actuó conforme a la ley desde el inicio.
Asimismo, destacó que el contrato del PPC presentaba irregularidades que justificaron la acción legal.
En ese sentido, afirmó que la Contraloría cumplió su función constitucional.
Trámites pendientes tras la decisión judicial
Flores señaló que ahora corresponde esperar la ejecución formal del fallo. Indicó que aún deben completarse varios trámites legales.
Estos procedimientos, explicó, quedan bajo la responsabilidad de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La AMP deberá aplicar lo dispuesto por la Corte Suprema en el ámbito administrativo.
Mientras tanto, el contralor aclaró que la Contraloría ya concluyó su labor en este proceso.
Las demandas presentadas marcaron el cierre de su participación directa.
Posibles reacciones internacionales y rol de la Cancillería
Consultado sobre eventuales reacciones del Gobierno chino, Flores evitó adelantar escenarios.
Afirmó que se trata de un asunto de carácter diplomático.
En ese contexto, señaló que la Cancillería de Panamá debe manejar cualquier gestión internacional.
Recalcó que el contralor no interviene en decisiones de política exterior.
No obstante, aseguró que el país está preparado para defender su posición en instancias internacionales.
Indicó que Panamá cuenta con un equipo de profesionales para sustentar su actuación.
Defensa del Estado de derecho en Panamá
Flores reiteró que el caso se llevó ante la Corte con plena convicción jurídica.
Sostuvo que el país confió en las instituciones y en el marco legal vigente.
Además, recordó que el presidente de la República ha expresado respaldo a esta estrategia.
Según el contralor, esa postura refuerza la solidez de la defensa panameña.
Para Flores, el fallo confirma que el sistema judicial funciona cuando se activa con fundamentos legales.
También envía un mensaje claro sobre la protección de los intereses nacionales.
Puertos panameños bajo responsabilidad del Estado
El contralor concluyó que el fallo beneficia directamente al pueblo panameño. Afirmó que los puertos vuelven a ser responsabilidad del Estado.
“Este fallo refleja que los puertos serán para el beneficio de todos”, declaró Flores.
Añadió que el proceso ahora queda en manos del Órgano Ejecutivo.
Con esta decisión, Panamá inicia una nueva etapa en la gestión de sus concesiones portuarias.
El énfasis, según el contralor de Panamá, estará en el interés público y la legalidad