La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica confirmó la deportación de un ciudadano nicaragüense que vivió 3 décadas en el país y tuvo 3 hijos costarricenses, informó el diario La Nación.
El caso, explicó el medio, se originó cuando el extranjero perdió su residencia permanente debido a una condena penal por agresión con arma ocurrida en 2010.
A pesar de que la pena fue de solo dos meses de prisión, la Dirección General de Migración y Extranjería decidió en 2016 cancelar su estatus legal, decisión que culminó en su deportación en junio de 2019.
Alegatos de la defensa
El afectado, quien residía en Costa Rica desde antes de 1998 bajo un régimen especial para centroamericanos, alegó que la condena nunca se acrédito debidamente, ya que el expediente penal lo destruyó el Archivo Judicial en 2016.
También afirmó que su hoja de delincuencia estaba libre de antecedentes.
Sin embargo, La Nación cita que los magistrados determinaron que el fallo penal del Tribunal de Limón estaba “plenamente acreditado y reconocido” por el propio actor.
La defensa había solicitado que el Estado asumiera las costas procesales alegando un “motivo bastante para litigar”, amparándose en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso-Administrativo.
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Tribunal rechazó apelación
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda había rechazado en julio de 2024 la demanda contra el Estado, ordenando al demandante pagar las costas del proceso.
Al elevar el caso a la Sala Primera, esta ratificó la resolución, sosteniendo que la actuación del demandante no era jurídicamente sostenible.
Según la información de La Nación, la Corte concluyó que el hombre basó su reclamo en una interpretación errónea del valor jurídico de los documentos archivísticos y de los antecedentes penales.
Deportación definitiva
El medio costarricense indicó que al ciudadano lo detuvieron frente a su esposa e hijos durante una cita migratoria en 2019, y posteriormente deportado a Nicaragua.
Durante su detención, habría sufrido crisis de ansiedad y depresión, mientras su familia dependía del apoyo vecinal.
La Nación precisó que la Sala Primera ratificó la decisión de fondo y las costas judiciales, cerrando definitivamente el caso.
Organizaciones de derechos humanos nicaragüenses y costarricenses han señalado que Costa Rica no está tomando en cuenta la existencia de un régimen violador de derechos humanos en Nicaragua desde 2007, formado por la familia Ortega Murillo.
La dictadura de los Ortega Murillo ha sido señalada de crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas de derechos humanos, sobre todo desde 2018.
