La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) dijo que a pesar que el proceso del contrato entre el Estado y Minera Panamá tiene procesos cumplidos, “existen justificadas inconformidades de las comunidades, organizaciones y líderes ambientales que han advertido de los efectos dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente”.
“Es indiscutible que, para los contratos mineros, el Estado panameño debe respetar el marco constitucional y las normas internacionales que han firmado, relativas a la protección de los recursos naturales”, afirmaron en redes sociales.
Los miembros de la CEP, han cuestionado de forma crítica las acciones que se han contemplado y reflexionan de que el crecimiento económico no tiene ningún valor cuando no hay justicia social de por medio.
“¿De qué sirve el crecimiento económico, si no genera una mayor justicia social, si no se genera un verdadero desarrollo, que tenga como centro la persona y el bien común? Este es, sin duda, el talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento del país, que ha generado mucha desigualdad y se muestra incapaz de incluir a las grandes mayorías en sus beneficios. Ante el tema minero, nos sorprende que diversos gobiernos de la República hayan otorgado licencias de exploración y explotación mineras en diversas regiones del país, sin haber realizado consultas efectivas con la sociedad y, especialmente, con las poblaciones directamente afectadas”, dice.
“En Panamá vivimos la paradoja de haber experimentado, en los últimos años, el crecimiento económico más significativo de América Latina, incluso después del COVID-19, pero no se refleja en una mejor calidad en los servicios de salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y seguridad social, cuya crisis está afectando a cientos de jubilados y pensionados”, concluyó la CEP en su cuenta de Twitter.
