Una Cámara de Segunda Instancia en El Salvador declaró responsable de enriquecimiento ilícito a Francisco José Cáceres Zaldaña, exsecretario privado del expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) y a su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres.
Según la resolución judicial, Cáceres deberá reembolsar $3,539,407.87 al Estado salvadoreño. Su esposa tendrá que devolver $332,687.59, lo que eleva el total a $3,872,095.46.
Peritaje confirmó irregularidades financieras
Un peritaje contable ordenado por la cámara reveló la falta de justificación legal del origen de los fondos acumulados por el exfuncionario durante su gestión entre 2009 y 2014.
El informe identificó al menos 44 irregularidades financieras, incluyendo depósitos en efectivo sin respaldo, pagos de préstamos, tarjetas de crédito y una diferencia negativa entre ingresos y gastos.
#CombateALaCorrupción | La @FGR_SV logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil,… pic.twitter.com/q0C8D6EF9f
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 5, 2025
En el caso de su esposa, se detectaron 11 inconsistencias relacionadas con la compra de vehículos, inmuebles y depósitos bancarios injustificados.
la condena es en un proceso civil, no penal.
Sentencia incluye inhabilitación por 10 años
Además del reembolso económico, la sentencia establece que Cáceres y su esposa quedan inhabilitados por 10 añospara ejercer cualquier cargo público. Esta sanción forma parte de las medidas aplicadas por la justicia salvadoreña para prevenir nuevos actos de corrupción dentro del aparato estatal.
Involucran a hija menor de edad
La Fiscalía también señaló movimientos bancarios a nombre de la hija menor del matrimonio. Los depósitos cuestionados ascienden a $6,133.74. Sin embargo, el fallo no especifica si se tomaron medidas contra ella.
El caso fue sustentado con más de 6,000 folios de pruebas bancarias y administrativas, presentados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Origen del proceso judicial
En mayo de 2024, la Corte Suprema ordenó un juicio civil contra Francisco Cáceres tras detectar 57 anomalías patrimoniales. Semanas después, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la demanda formal ante la Cámara Ambiental de Santa Tecla.
En febrero de 2025, la cámara juramentó a un perito contable para definir la cantidad exacta que debía devolverse al Estado. El resultado del peritaje no fue divulgado públicamente por la FGR.
Antecedentes del exfuncionario
Cáceres también fue mencionado en el caso “Saqueo Público” en 2018, que involucró a más de 30 personas. Aunque no fue procesado formalmente, participó como testigo criteriado durante la vista pública.
Durante el gobierno de Funes, Francisco Cáceres fue señalado como el principal responsable del manejo de fondos reservados de Casa Presidencial. Diversos abogados lo vinculan directamente con el desfalco de $351 millones del erario público.
