La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) condenaron la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua y denunciaron las interferencias arbitrarias a la libertad académica y la profundización del cierre de espacios cívicos en ese país.
En un comunicado, las relatorías hacen hincapié en la arbitrariedad cometida por la cancelación jurídica y la confiscación arbitraria de las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), al igual que el desalojo forzado de los miembros de la Compañía de Jesús de su residencia.
“El sábado 19 de agosto, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre el desalojo de seis integrantes de la Compañía de Jesús y la confiscación arbitraria de la residencia Villa del Carmen, comunidad donde vivían los jesuitas trabajadores en la UCA. Estos hechos ocurrieron al día siguiente de la publicación del Acuerdo Ministerial que oficializó el cierre forzado y la cancelación de la personería jurídica de la institución”, dicta el comunicado.
Mencionan que en el marco del mismo acuerdo ministerial, el Estado aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, con la que ordenó de manera inmediata de toda la información estudiantil, cuerpo docente, administrativo, los programas de grado (carreras), así como las bases de datos de matrícula al Consejo Nacional de Universidades (CNU).
“El cierre de esta Universidad, además de afectar a por lo menos a 5 mil estudiantes, tiene un grave impacto para la sociedad nicaragüense en su conjunto. En los últimos años, la comunidad jesuita de la UCA ha sido víctima de asedio, acoso y hostigamiento como represalia por su apoyo y defensa de los derechos de las y los estudiantes que participaron en las movilizaciones sociales de 2018”, dice la CIDH.
El organismo internacional, también recuerda que en el año 2022, la UCA había denunciado mecanismos de presión e injerencia como la no existencia de certificaciones necesarias para continuar con su debido funcionamiento y con ello, su exclusión del Consejo Nacional de Universidades (CNU), uno de los brazos fundamentales de la dictadura. Todas esas actitudes que se ejecutaron fueron debilitando el funcionamiento institucional y con ello, la suspensión presupuestaria asignada a través del 6% Constitucional que se asignan a las universidades públicas y subvencionadas del país centroamericano.
“La CIDH y sus Relatorías Especiales observan que desde el 2020 otras 25 universidades fueron cerradas mediante la cancelación de su personería jurídica, lo que ha afectado a más de 37 mil estudiantes. A ello se suman denuncias recibidas sobre el adoctrinamiento y la intensificación del proselitismo político al interior de los espacios académicos para imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política”, denunció el organismo de derechos humanos.
Control de la dictadura
La CIDH está consciente que las organizaciones estudiantiles están controladas por el régimen, ejemplo de ello, es la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), que es el principal brazo opresor del régimen en las Instituciones de Educación Superior. Además, denuncia la criminalización de estudiantes opositores y de quienes opinan desfavorablemente sobre las actitudes gubernamentales. Como el ejemplo reciente de la detención de las dirigentes estudiantiles Adela Espinoza y Gabriela Morales a manos de la Policía Nacional.
El organismo hace un llamado a los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, para hacer evidente la interferencia a la libertad académica, ya que se deben de cumplir requisitos de legalidad, finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en una sociedad democrática, con la finalidad de salvaguardarlas frente a las arbitrariedades en manos de las autoridades dentro y fuera de las instancias académicas. Que además, constituyen otras limitantes como la libertad académica.
En razón de ello “alerta a la comunidad internacional el cierre o cancelación de universidades u otros espacios en los que se desarrolla la actividad académica como una forma de represalia por disentir de la visión ideológica del gobierno constituye otro patrón más del cierre de los espacios cívicos en Nicaragua, que además de afectar el derecho a la libertad de asociación, restringe los derechos a la educación, la libertad académica, la libertad de expresión, el pluralismo de ideas, el desarrollo humano y de la sociedad civil en detrimento de las democracias”.
En ese contexto, la CIDH, RELE y REDESCA han hecho un llamado urgente al Estado de Nicaragua a cesar cualquier interferencia arbitraria a la libertad académica y dejar sin efectos la cancelación de la personería jurídica de universidades y centros académicos que han sido aprobados sin garantizar el debido proceso. De igual manera, instan a devolver a sus integrantes las instalaciones y todos los bienes confiscados”.
Finalizan pidiendo a los Estados de la región que faciliten el acceso a programas y servicios educativos para personas estudiantes y académicas nicaragüenses que han sido afectados, y a implementar programas virtuales, con la finalidad de garantizar la continuidad de la educación de los jóvenes universitarios.
