La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves la decisión del régimen de Daniel Ortega de cancelar la personería jurídica de 1,500 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, incluyendo al menos 700 de índole religiosa.
Esta medida intensifica la represión en el país centroamericano, según denunció la CIDH, y representa un ataque sostenido contra el pluralismo y el espacio cívico y democrático.
El 19 de agosto de 2024, la CIDH recibió información detallada sobre la decisión del Ministerio del Interior de Nicaragua de cancelar la personería jurídica de estas organizaciones a través del acuerdo ministerial 38-2024-OSFL, publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Según el documento, las organizaciones afectadas no habrían presentado sus estados financieros durante periodos que varían entre uno y 35 años. Además, la normativa establece que los bienes muebles e inmuebles de estas entidades serán transferidos a la Procuraduría General de la República para su apropiación por el Estado.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) August 22, 2024
El 16 de agosto de 2024, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció la propuesta de nuevas leyes para implementar un modelo de funcionamiento para las organizaciones no gubernamentales denominado “Alianzas de Asociación”.
Bajo este esquema, todos los proyectos y programas de la sociedad civil deberán desarrollarse en colaboración con instituciones estatales y recibir aprobación previa del Ministerio del Interior o de la Cancillería.
La CIDH destacó que estas acciones son una muestra más de la política represiva del Gobierno nicaragüense, cuyo objetivo es eliminar cualquier espacio cívico y democrático en el país.
La Comisión subrayó que esta represión es posible gracias a la subordinación de todos los poderes del Estado al Ejecutivo, situación que ha sido ampliamente documentada.
Desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) ha documentado el cierre de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas más de 1,200 fundaciones de carácter religioso. En lo que va de 2024, más de 1,600 organizaciones han perdido su personería jurídica, muchas de ellas acompañadas de la confiscación de sus bienes por parte del Estado.
En su informe titulado “Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua”, la CIDH concluyó que la clausura masiva de organizaciones ha limitado de manera severa la capacidad de la sociedad civil para participar activamente en la vida política, social, cultural y religiosa del país, así como en la promoción y defensa de los derechos humanos y el retorno de la democracia.
Ante esta situación, la Comisión reiteró sus recomendaciones al Estado nicaragüense, entre ellas, ajustar su normativa interna a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente a la Declaración de Principios Interamericanos sobre el régimen legal de las entidades civiles sin fines de lucro. La Comisión también hizo un llamado urgente a las autoridades nicaragüenses para que cesen de inmediato las acciones represivas y restauren el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
Finalmente, la CIDH instó a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para exigir el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y religiosas que, pese a las adversidades, continúan luchando por la justicia, la libertad y la democracia en el país.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano.
Está compuesta por 7 miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA, que no representan a sus países de origen ni de residencia.
